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La Junta aprueba el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado que refuerza su función docente y reconoce la presunción de veracidad

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado por el que el colectivo dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.

Consejo de Gobierno del 27 de junio de 2013

Castilla y León | Consejería de Educación

El proyecto de ley reconoce la autoridad del profesorado y fomenta la consideración y el respeto que merecen en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos de Castilla y León y garantizar el derecho a la educación del alumnado.

Los objetivos principales de este proyecto de ley son fomentar la consideración y el respeto a los docentes, incrementando su reconocimiento social como elemento fundamental para una adecuada convivencia en las aulas y mejorar la protección jurídica.

Con este reconocimiento, el profesorado de Castilla y León -37.533 docentes, de los cuales 28.347 pertenecen a la red pública y 9.186 a la concertada-privada- dispondrá de la presunción de veracidad “iuris tantum” -mientras no se demuestre lo contrario- de su palabra frente a la que cualquier ciudadano en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión en el ejercicio de su actividad docente. Además, los delitos cometidos contra el colectivo, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximirá al profesor agredido de ser agente principal de la denuncia facilitando el desarrollo de posibles procesos judiciales. Significa también, que se reconoce explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven de sus tareas dentro o fuera del recinto escolar.

Una consecuencia directa del reconocimiento de autoridad pública, en el ámbito penal, es que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deber ser calificadas como “delitos de atentado a la autoridad” (art. 550 del Código Penal), castigados con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses.

El proyecto de ley consta de 11 artículos estructurados en tres capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. En el capítulo I, denominado ‘Disposiciones generales’ se incluyen cuatro artículos en los que se indica el objetivo y finalidad, el ámbito de aplicación, los principios generales y los derechos en el ejercicio de la función docente del profesorado. En el capítulo II (cuatro artículos) se especifica el reconocimiento de autoridad pública, la presunción de veracidad, el deber de colaboración y la asistencia jurídica y, en el capítulo III (tres artículos) se refiere a las normas de convivencia de los centros, el procedimiento de comunicación de delitos y faltas y la responsabilidad y reparación de daños.Finalmente, en la disposición adicional se extiende el reconocimiento de autoridad pública a los docentes de la enseñanzas concertada-privada de Castilla y León y como garantía del servicio público educativo que prestan de acuerdo con la legislación vigente, y en los dos disposiciones finales, se habilita a la Consejería de Educación a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley y se determina su entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En cuanto a la tramitación, el proyecto de ley ha recorrido un largo camino en el que ha sido presentado, realizando diferentes aportaciones, a la Mesa Sectorial de Educación, a los miembros del Pleno del Observatorio de Convivencia Escolar de Castilla y León, a los distintos departamento del Gobierno Autonómico, así como al Consejo Escolar y al Consejo Consultivo para que ambos, estimasen sus correspondientes dictámenes. Asimismo, a través del espacio web de la Junta de Castilla y León ‘Gobierno Abierto’ ha estado a disposición de todos los ciudadanos.

Una vez aprobado este proyecto de ley por el Consejo de Gobierno, se eleva a las Cortes de Castilla y León para su posterior tramitación parlamentaria.

Modelo sin precedentes

En el modelo educativo de la Comunidad el impulso de la autoridad del profesorado se configura como uno de los aspectos claves para conseguir un adecuado clima de convivencia en los centros. Así queda ya recogido en el Plan de Convivencia Escolar, puesto en marcha desde el curso 2004-2005, convirtiéndose en una de las primeras Comunidades Autónomas de España en dar respuesta a la preocupación educativa y social por el tema y desarrollar un intenso programa de actuaciones para la mejora de la convivencia escolar como aspecto estructural directamente vinculado a la calidad del sistema educativo.

En el año 2006 se constituyó el Observatorio Regional de Convivencia Escolar, pionero en España, en el que se incorporan miembros de la propia Consejería de Educación y, entre otros, representantes de las Consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, la Delegación del Gobierno, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Federaciones de Estudiantes, Federación Regional de Municipios y Provincias, sindicatos de Enseñanza y patronales. Su objetivo primordial es conocer la situación de los centros, determinar las causas de los problemas convivencia y promover planes de actuación, así como dar a conocer informes sobre la situación de la convivencia en las aulas.

Desde 2006, el Programa de Asistencia Jurídica para el Profesorado presta asesoramiento y asistencia al profesorado que pueda encontrarse en situaciones en las que su autoridad como profesor y sus derechos como docente hayan sido vulnerados. Durante el periodo 2006 a 2013, más de 700 profesores han sido atendidos por el programa, incluyendo asistencia legal prestada a determinados alumnos víctimas de situaciones de violencia escolar entre iguales y que también están incluidos en las coberturas del programa.

El Plan de Convivencia Escolar de Castilla y León incluye, además, otras innovadoras aportaciones como la figura del coordinador de convivencia de centro –existente en todos los centros públicos de Castilla y León y en la práctica totalidad de los centros privados concertados-, como persona especialmente encargada de impulsar el plan de convivencia y el buen clima en las aulas, así como la creación, mediante un intenso programa formativo, del alumnado ayudante y mediador en caso de conflictos.

Además de estas actuaciones, es preciso destacar la publicación, en 2007, del Decreto por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros, que ya en su exposición de motivos incluye el refuerzo de la autoridad del profesorado como uno de sus ejes.

La aprobación del proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado continua avanzando en esta línea, ya que permitirá que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda y garantizará el derecho individual a la educación, porque para mejorar la convivencia en los centros docentes, los resultados académicos y aumentar la calidad es preciso transmitir que el profesorado, además de la autoridad que le confiere sus conocimientos, está investido de una autoridad institucional por ejercer la función docente y ser, con ello, garante inmediato del derecho constitucional de la educación, y esa es la finalidad principal del proyecto de ley.