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La Comisión Territorial de Valoración de la Junta estima parcialmente los recursos de reposición de 4 propietarios, lo que supone una subida de 28.487,19 euros

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En la Comisión Territorial de Valoración, reunida el pasado mes de septiembre se acordó en la cantidad de 654.741,03 euros la tasación de los terrenos en los que se ubicará el nuevo hospital.

14 de noviembre de 2011

Castilla y León | Delegación Territorial de Palencia

La Comisión Territorial de Valoración, que preside el delegado territorial de la Junta, Luis Domingo González, acordó el pasado mes de septiembre el justiprecio en la cantidad de 654.741,03 euros, que afectaba a un total de 6 parcelas incluyendo la relación de bienes y derechos afectados en ellas, con una superficie de 7,5 hectáreas, a las que hay que añadir otras 2 hectáreas de los propietarios que ya habían alcanzado un acuerdo previo con el Ayuntamiento, en total aproximadamente 10 hectáreas.

Recurso de ReposiciónLa Comisión de hoy se ha reunido para estudiar los expedientes que han interpuesto recurso de reposición dentro del plazo establecido, que han sido 4 expedientes que afectan a 7 propietarios con sus correspondientes recursos. La Comisión ha acordado estimar parcialmente 4 de estos 7 recursos, lo que ha supuesto una variación al alza de 28.487,19 euros, o lo que es lo mismo, un aumento del 4,3%.
La construcción de un nuevo hospital en Palencia es uno de los dos proyectos constructivos hospitalarios que la Junta de Castilla y León va a llevar a cabo durante la presente legislatura
La Comisión Territorial de Valoración está integrada por miembros de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, entre los que se encuentran técnicos de distintos servicios territoriales; de la Diputación Provincial, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de los colegios profesionales de Ingenieros Agrónomos, de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Arquitectos. Este órgano colegiado es el encargado de acordar el justiprecio de las expropiaciones que se llevan a cabo por las administraciones públicas en los casos en que no existe un acuerdo previo entre la administración beneficiaria de la expropiación y los propietarios.