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Comunicación de la Junta de Castilla y León

Comparecencia del presidente de la Junta ante el pleno de Las Cortes para informar sobre el desarrollo y acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes

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7 de febrero de 2017

Castilla y León | Presidente de la Junta de Castilla y León

Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores:

El pasado 17 de enero se celebró la VI reunión de la Conferencia de Presidentes. Comparezco hoy ante este Pleno para informar sobre su desarrollo y los acuerdos adoptados en la misma.

El modelo de Estado Autonómico fue una de las mayores innovaciones de la Constitución de 1978. A pesar de los problemas políticos, financieros y económicos a los que hoy se enfrenta, el desarrollo de este modelo ha sido muy positivo para España. Y ha permitido impulsar en nuestro país un proceso de descentralización política y administrativa perfectamente comparable al que tienen los países de tipo federal más avanzados.

Sin embargo, ese modelo nació con alguna notable carencia y debilidad. En especial en el ámbito de la cooperación política entre los distintos niveles de gobierno, a través de Instituciones y procedimientos que permitan coordinar políticas y actuaciones, y afrontar retos comunes, afianzando de esta manera la propia unidad nacional.

Es verdad que en otros Estados descentralizados el marco fundamental de esa cooperación es su Cámara de representación territorial. Y también es verdad que en España aún no hemos sido capaces de encauzar el necesario debate sobre la naturaleza y el funcionamiento de nuestro Senado.

Pero esta realidad no sólo no impide sino que incluso obliga a avanzar en otros cauces de interlocución y cooperación más inmediatos y pragmáticos. Por eso sin duda fue una muy buena iniciativa del Presidente Zapatero la creación de la Conferencia de Presidentes en el año 2004, concebida como el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

En sus cinco anteriores reuniones, la Conferencia abordó cuestiones de indudable trascendencia. Pero sus resultados prácticos nunca acabaron de ser satisfactorios. Entre sus principales problemas cabe destacar: la aleatoriedad de sus convocatorias. El excesivo protagonismo del Gobierno en su organización y contenidos. La falta de trabajos previos y la consecuente improvisación. Su propio desarrollo interno, en una sucesión de intervenciones muy limitadas en tiempo y contenido, orientadas mucho más a lo propio que a lo común. La falta de seguimiento y control de sus acuerdos.

Sin reunirse desde 2012, la convocatoria inmediata de la Conferencia fue un compromiso asumido por el Presidente Rajoy en su última Investidura. Se atendía así la reclamación de la mayoría de las Comunidades Autónomas. Y el deseo de dar a la Conferencia un giro en su forma de trabajar: hacia un modelo menos protocolario, y más exhaustivo y comprometido en su desarrollo y en sus acuerdos.

La Conferencia se convocó para el 17 de enero de 2017. Desde el primer momento se apreció un alto grado de seriedad en su preparación, lo que ponía las bases para los importantes acuerdos finalmente adoptados.  Esto se reflejó en los contactos constantes entre el Gobierno de la Nación y los Autonómicos. Además de en dos intensas reuniones previas (21 de diciembre y 11 de enero), en las que se manejaron más de 100 documentos de trabajo, con una participación muy activa por parte de todas las Comunidades. En el caso de Castilla y León, especialmente asumiendo la elaboración y negociación del acuerdo relativo a la despoblación y los demás problemas demográficos.

En el plano interno, fuimos conscientes de la necesidad de buscar el más amplio respaldo político y social posible para definir las prioridades de nuestra Comunidad ante la Conferencia. En este sentido, quiero agradecer el talante constructivo expresado por los representantes de todos los Grupos Políticos de esta Cámara, en la reunión que tuvimos a finales de diciembre. Contacto que se completó al comienzo de enero con la representación de nuestras Entidades Locales, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y con los Agentes del Diálogo Social. En todas estas reuniones pude constatar un alto grado de coincidencia sobre las cuestiones fundamentales para nosotros.

Pues bien, a partir de todos estos antecedentes, inicié mi intervención en la Conferencia destacando la elevada significación política que otorgamos a la misma, desde el autonomismo leal y cooperativo en el que creemos. Aposté por reforzar los aspectos relativos a su convocatoria, preparación, celebración y seguimiento. E hice también una reflexión sobre su sede: el Senado, y sobre la condición poco desarrollada de éste como Cámara Territorial.

En este punto, cabe destacar que la Conferencia adoptó el Acuerdo de modificar su Reglamento, para fijar con mayor claridad la obligatoriedad de celebrarla todos los años. Y para extender la función de su Comisión preparatoria también al impulso y seguimiento de sus acuerdos. Para ello, esa Comisión se reunirá como mínimo cada seis meses para evaluar su grado de cumplimiento. Y elevará cada año a la Conferencia un Informe sobre el mismo.

Señorías: considero que una de las principales novedades y aportaciones de esta VI Conferencia de Presidentes ha sido la de reconocer abiertamente como un «problema de Estado» los retos demográficos que sufre el conjunto de España, y de forma particularmente grave algunas de sus Comunidades, y Castilla y León entre ellas. Pérdida de población, descenso de natalidad, disminución del número de jóvenes, éxodo rural, y acusado proceso de envejecimiento son algunas de sus manifestaciones más importantes.

A este respecto, y todavía más habiendo asumido nosotros directamente la tarea de formular el borrador del mismo, creo que el Acuerdo de la Conferencia sobre una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico recoge plenamente el posicionamiento de las Comunidades que venimos colaborando más intensamente para dar respuesta a esta trascendental cuestión. Una Estrategia Nacional de carácter global y transversal es precisamente lo que venimos pidiendo al Gobierno de la Nación desde hace ya varios años.

Ahora, el Acuerdo fija el compromiso de que esa Estrategia esté aprobada en 2017. Reconoce expresamente y asume los trabajos de las Comunidades que, a través del Foro que hemos creado, estamos impulsando medidas propias, y también iniciativas en el ámbito nacional y europeo, con la expresa mención del Dictamen del Comité de las Regiones que defendimos en junio del año pasado. Todo este trabajo autonómico deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de esa Estrategia Nacional, junto con las propuestas de las Comisiones ya creadas en el Senado para analizar estos problemas (despoblación rural, despoblación de zonas de montaña, y evolución demográfica). En fin, el Acuerdo establece también el compromiso de todos de defender ante las autoridades de la Unión Europea la necesidad de que todas sus políticas tengan en cuenta y den respuesta a los desafíos demográficos, que en la mayoría de sus aspectos son comunes a casi todos los Estados miembros.

En relación con este mismo Acuerdo, una actuación inmediata del Gobierno de la Nación ha sido la creación de un Comisionado para el Reto Demográfico. Éste debe ser el punto de referencia en la interlocución con las Comunidades, Entidades Locales y demás Instituciones y organizaciones para avanzar con respuestas concretas y eficaces en este importantísimo asunto. La Junta ya se ha puesto en contacto con la nueva Comisionada del Gobierno. A la que hemos remitido la documentación relativa a nuestras principales iniciativas (incluido el Dictamen ante el Comité de las Regiones y la propia Agenda para la Población). Y con la que se ha fijado ya un encuentro con el Consejero de Empleo el próximo día 24 de febrero.

Señorías: si hubo sin duda una cuestión protagonista y central en la Conferencia, en la que coincidimos todos los Presidentes autonómicos, fue la de la reforma del sistema de financiación autonómica. Una reforma imprescindible frente a un modelo como el actual que ha sido incapaz, especialmente durante la crisis, de aportar los recursos suficientes para financiar como mínimo los servicios públicos esenciales de competencia autonómica: sanidad, educación y servicios sociales. Y que ha obligado a las Comunidades a incurrir en un déficit y en un endeudamiento estructurales, imposibles de mantener en el tiempo.

Llevé a la Conferencia de Presidentes la posición de Comunidad pactada con todos los Grupos de esta Cámara el 13 de abril de 2016. En ella defendemos que el nuevo sistema sea acordado desde la multilateralidad. Que parta de evaluar el modelo actual. Y de definir un catálogo de servicios y un nivel de prestación iguales para todos los españoles vivan donde vivan. Lo que exige reconocer el coste real de la prestación de cada servicio en cada lugar. Y contrapesar por tanto el criterio meramente capitativo con otros que tengan en cuenta factores tales como la extensión del territorio, la dispersión de la población y su envejecimiento, que desde luego condicionan y encarecen ese coste efectivo concreto. Para ilustrar esta idea reiteré dos conocidos ejemplos: primero, que educar a un niño en el medio rural tiene un coste al menos un 40% mayor que hacerlo a ese mismo niño en el medio urbano; y segundo, que el gasto sanitario de una persona mayor de 75 años multiplica por 7 el de un adulto.

Pues bien, sin duda el Acuerdo sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar y la reforma de la financiación autonómica ha sido el más importante de los adoptados por la Conferencia. En él se recogen expresamente como principios del nuevo modelo los de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal, y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos.

El Acuerdo se centra en impulsar el consenso para la definición de ese nuevo modelo, desde la multilateralidad, dando oportunidad a las Comunidades de participar en el diseño del mismo desde el inicio.

Para ello, se acordó crear en el plazo máximo de un mes una Comisión de Expertos, a propuesta del Estado y las Comunidades, que realizará todas las evaluaciones y análisis necesarios para la formulación del nuevo modelo. Y que posteriormente elevará sus conclusiones al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la voluntad expresa de alcanzar el máximo consenso en este mismo año 2017. La reforma se tramitará finalmente en las Cortes Generales. Desde luego no va a ser un proceso fácil, sino muy condicionado por los acuerdos políticos necesarios, y por la evolución de la economía y de los ingresos públicos. Pero en todo caso es un asunto crucial, que debemos tratar de resolver con la máxima inteligencia y rigor.

Está previsto que el Gobierno apruebe la constitución de esa Comisión de Expertos el próximo día 10. Por parte de Castilla y León, el designado ha sido don Jaime Rabanal, un economista leonés que reúne las condiciones personales, profesionales y de experiencia más adecuadas para realizar esta función. Además de contar con el respaldo del personal especializado de la Consejería de Economía y Hacienda, dispondrá también de un grupo de apoyo en el que van a participar los Grupos de esta Cámara, como mejor forma de dar continuidad a la posición de Comunidad que alcanzamos en abril del año pasado.

Junto a todos estos criterios generales sobre el nuevo modelo de financiación, nuestra posición en la Conferencia también insistió en algunos servicios públicos concretos.

Destaqué cómo la Sanidad pública es la más afectada por las deficiencias e insuficiencias del modelo vigente. Es la mayor partida de gasto autonómico. Y también la que acumula más tensiones de crecimiento, tanto por el carácter inelástico de su demanda, como por la influencia decisiva que en ese gasto tienen factores tales como el envejecimiento o las veloces innovaciones en medicamentos y en tecnologías. Por ello, la dinámica de ese crecimiento merece un capítulo propio en el proceso de reforma del sistema, tal y como aquí entendíamos ya en el pacto que suscribimos el 13 de abril de 2016.

En este sentido, el Acuerdo alcanzado señala que «dada la especial importancia cualitativa y cuantitativa de las políticas de gasto sanitario dentro de las competencias autonómicas, la Comisión de Expertos actualizará las principales variables determinantes de su coste, evolución y su reflejo en el modelo propuesto». Entre esas principales variables deben estar desde luego las de envejecimiento y dispersión de la población atendida.

También defendí que la Atención a la Dependencia debe desde luego incorporarse al modelo, superando así la fórmula actual que complica y retrasa el sistema, y donde la Administración del Estado no está atendiendo a su compromiso de financiar el 50% de los recursos públicos.

A este respecto, el Acuerdo logrado supone un cierto avance, al crear una Comisión, en el plazo de un mes, «para proceder al análisis de la situación del Sistema de Dependencia que determine la situación actual, su sostenibilidad y la financiación por el Estado».

Además, trasladé a la Conferencia una cuestión que también estaba presente en nuestro pacto de abril de 2016, y en la que había insistido con especial interés la Federación Regional de Municipios y Provincias en nuestra reunión previa: la reivindicación de una reforma de la financiación local, de forma paralela y acompasada a la autonómica, que dé respuesta a las necesidades de las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus competencias, especialmente en relación con los servicios de proximidad que prestan.

Sobre ello, el Acuerdo alcanzado constituye también un avance, al recoger que «se abordará, de forma paralela, la reforma del sistema de financiación de las Entidades Locales, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, sometiéndose la propuesta que resulte a su aprobación por la Comisión Nacional de Administración Local». Ayer mismo se ha anunciado la constitución del grupo de trabajo para el inicio de este proceso de reforma.

Finalmente, el Acuerdo en materia de financiación que vengo comentando incluyó también la previsión de que la Comisión de Expertos que se crea «analice cómo se ejerce la corresponsabilidad fiscal en España». Un tema complejo técnicamente. Y también políticamente, sobre el que se expresaron las mayores diferencias de la reunión. Sin embargo creo que éste es un debate que no sólo no debe dar miedo sino que es muy necesario para que, desde el análisis de las fortalezas y debilidades del actual sistema fiscal español, se establezca si pueden conjugarse de una manera más equilibrada y justa los necesarios principios de autonomía, esfuerzo, competencia y armonización fiscal, incluidos también los efectos que produce la coexistencia de un régimen foral en algunas regiones y de uno común en las restantes. Algo que por otra parte tiene directa conexión con otro Acuerdo de la Conferencia: el de avanzar en la cooperación entre Administraciones Públicas para garantizar la unidad de mercado, como marco para el funcionamiento competitivo de la economía española. Un objetivo a cuyo fin, el próximo 22 de febrero se reunirá el Consejo de la Unidad de Mercado, en el que estamos presente todas las Comunidades.

En relación con otro de los servicios públicos esenciales, la educación, expresé en la Conferencia nuestra posición favorable a un gran Pacto de Estado que dé paso por fin en España a un sistema educativo sólido y estable. Un Pacto no sólo político (para lo que se ha creado una subcomisión en el Congreso de los Diputados), sino también social y territorial, en el que tenemos mucho que decir las Comunidades, y en especial las que acreditamos buenos resultados tanto en calidad como en equidad educativa.

La Conferencia, en un Acuerdo sobre el Pacto social y político por la educación, encomendó al Gobierno solicitar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico sobre educación, que incorpore al Pacto de Estado por la educación precisamente el diagnóstico y las aportaciones de quienes gestionamos este servicio público. Dicho debate monográfico va a celebrarse el próximo 21 de febrero.

Este mismo esquema se reprodujo en otro asunto de enorme relevancia y actualidad, que surgió en la misma Conferencia, y dio lugar al denominado Acuerdo sobre el Pacto contra la Violencia de Género. Mismo esquema, digo, porque se ha puesto en marcha en el Congreso de los Diputados el intento de alcanzar un Pacto de Estado sobre este gravísimo problema. Al que las Comunidades vamos a tener la ocasión de hacer aportaciones en un debate monográfico en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que tendrá lugar el próximo 9 de marzo. Nosotros aportaremos al mismo la experiencia del trabajo que venimos impulsando desde Castilla y León. Que ya en 2009 lideró la presentación de un Dictamen en esta materia ante el Comité de las Regiones. Y que desarrolla ahora el modelo «Objetivo Violencia Cero», entre cuyos pilares básicos se encuentra la colaboración entre Administraciones y el trabajo en red.

En mi intervención me referí asimismo a los Servicios Sociales, que en estos años han evolucionado de modo desigual entre las distintas Comunidades. Sólo algunas hemos apostado por derechos subjetivos plenos, como los que reconoce la Renta Garantizada de Ciudadanía. Defendí la idea, a la que los Agentes del Diálogo Social habían otorgado especial importancia, de la necesidad de una mayor homogeneidad y coordinación con iniciativas estatales como el Plan Prepara o el Programa de Activación para el Empleo.  Y planteé así la oportunidad de una norma estatal sobre ingresos mínimos, como parte de una necesaria Ley básica de Servicios Sociales en España.

El Acuerdo de la Conferencia para impulsar la Tarjeta Social parte precisamente de las distintas actuaciones que el Estado y las Comunidades impulsamos en materia social, y de la necesidad de coordinarlas. Y compromete la creación, en tres meses, de un grupo de trabajo, con la presencia de los tres niveles territoriales, «para el diseño y puesta en marcha de la tarjeta social, incorporando también las aportaciones del Tercer Sector». Me parece importante la participación de todas estas instancias, que son las mismas que integran nuestra Red de Protección. Y también que el Gobierno haya abierto una mesa de diálogo con los agentes sociales, que están siendo protagonistas también en el desarrollo de la Red de Protección en nuestra Comunidad.

Directamente relacionado con la anterior materia se adoptó también en la Conferencia un Acuerdo sobre los mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. Ante este grave y sangrante problema social, se constató la existencia de modelos de intervención muy distintos entre las Comunidades. Y por tanto también la necesidad de aumentar su eficacia y coordinación. En el caso de Castilla y León, les recuerdo que nuestro modelo se basa en ayudas directas a las personas y familias vulnerables, que se articulan desde la Red de Protección. Y en un mecanismo de comunicación entre los Servicios Sociales y las compañías eléctricas, dirigido a evitar la suspensión del suministro. La Junta fue el primer Gobierno autonómico que firmó en España un convenio con una empresa energética para proteger a los clientes más vulnerables, estando en vigor actualmente tres convenios, con las compañías Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo.

Considero sinceramente que en esta cuestión ha supuesto un avance la reciente convalidación por el Congreso, con el apoyo de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, del Real Decreto-Ley que regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.

Señorías: para concluir con los aspectos relativos a los servicios públicos fundamentales, planteé también a la Conferencia la urgente necesidad de eliminar para ellos la llamada ”tasa de reposición”.

A este respecto, el Acuerdo sobre garantía de la Unidad de Mercado, administración digital y empleo público establece que, en el marco de la oferta pública de empleo, se analicen las especiales necesidades de los servicios públicos esenciales, y a la vista de ellas se adopten las decisiones adecuadas en materia de tasa de reposición. Además, se llevará a cabo un análisis del porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales, y en su caso se buscarán fórmulas que permitan reforzar la estabilidad de las plantillas. Asimismo, se acordó potenciar la movilidad voluntaria de los empleados públicos entre las distintas Administraciones.

El Gobierno de la Nación está ya elaborando propuestas en materia de tasa de reposición y consolidación del empleo temporal. Y abordando la movilidad, a través de un convenio-tipo que pretende consensuar en la Comisión de Coordinación del Empleo Público, donde participamos las Comunidades y la FEMP. El próximo 13 de febrero está programado un encuentro de los responsables de Castilla y León con la Secretaria de Estado de Función Pública.

Señoras y señores Procuradores: otro de los aspectos en los que centró su atención la Conferencia fue el del objetivo común de consolidar la recuperación económica y crear más empleo y de mayor calidad. Un punto en el que planteé la necesidad de retomar y reforzar la colaboración del Estado en las políticas activas de empleo, tras los ajustes presupuestarios derivados de la crisis. Señalé expresamente la urgencia de potenciar el sistema de Formación Profesional Dual.

En este sentido, el Acuerdo sobre Políticas de Empleo asume el compromiso de renovar la Estrategia Española de Activación para el Empleo para el período 2017-2020, de manera consensuada en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Las prioridades son el aumento de la eficacia y eficiencia de las Políticas Activa; la mejora de la implantación de la Garantía Juvenil; las medidas en favor de los colectivos con mayores dificultades; y la mejora del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, y en especial de la Formación Profesional Dual.

En esta materia, el Congreso acaba de convalidar un Real Decreto-Ley sobre reordenación de la Estrategia de Garantía Juvenil. Y el Ministerio de Empleo trabaja ya en la renovación de la Estrategia de Activación para el Empleo. Próximamente será convocada la Conferencia Sectorial de Empleo para aprobar los criterios y la distribución de los recursos asociados a la misma.

En relación directa con la empleabilidad, recordé asimismo la necesidad de seguir apostando por un nuevo modelo productivo cuyo motor ha de ser la industria. Los recientes datos de la EPA demuestran la importancia cuantitativa y cualitativa que la industria ha tenido en 2016 en el aumento del número de ocupados en nuestra Comunidad (13.500 del total de 29.000). Un empleo industrial que además suele ser de mayor calidad y requerir una mejor formación. Razones de peso para defender la oportunidad de una Ley estatal de Industria, que impulse en la misma la innovación, la transformación digital y la transición hacia la industria 4.0.

Esta referencia a la industria exigía también defender (cosa que hice en nombre de nuestra Comunidad y la de Asturias) la necesidad de que España defina y consolide de una vez un modelo energético moderno, estable y diversificado, en el que tenga cabida la minería del carbón y la producción de las centrales térmicas, como un recurso estratégico y propio, que se acaba de demostrar imprescindible en momentos de aumento de la demanda e insuficiencia de las demás fuentes energéticas. Ello debería suponer garantizar a este sector un porcentaje definido y razonable en nuestro mix energético anual. Y promover en las actuales cuencas mineras alternativas de desarrollo real proporcionales a la actividad minera que no tenga continuidad.

En materia económica, recordé el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería, sectores merecedores de especial apoyo, en particular cuando están afrontando profundos cambios en sus mecanismos de regulación y en sus mercados, como es el caso de la leche y el azúcar. Nos ofrecimos para trabajar conjuntamente en la nueva PAC de 2020. Y solicitamos la continuidad de la colaboración del Estado en planes conjuntos de impulso y modernización de las infraestructuras agrarias, claves para la competitividad del sector.

Hablando de infraestructuras, y desde nuestra experiencia de los últimos años, reiteré la importancia del principio de continuidad como regla para las grandes obras públicas de titularidad del Estado, más allá de los cambios en el signo político del Gobierno. Reconocí el impulso dado a infraestructuras de titularidad estatal muy relevantes para Castilla y León. Y recordé el impulso que queremos en dos cuestiones prioritarias. En clave del Norte y Noroeste, el total despliegue de la Alta Velocidad Ferroviaria (con la llegada definitiva a Burgos, y la continuidad de la Red actual hacia Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia). Y en clave interna, la culminación de las autovías de especial interés (sobre todo la del Duero, pero también la León-Valladolid, Camino de Santiago, Ponferrada-Orense y Burgos-Aguilar de Campoo).

Señorías: me resta informar de dos Acuerdos de la Conferencia. Primero, el Acuerdo sobre el desarrollo del principio de cooperación para el ejercicio de las competencias de las diferentes Administraciones en materia de Protección Civil. En él se fijó que antes del 31 de marzo se constituirá formalmente el Consejo Nacional de Protección Civil, cuyo representante por parte de Castilla y León va a ser el Consejero de Fomento y Medio Ambiente. Ese Consejo Nacional ha recibido el encargo de adoptar las medidas necesarias para configurar un sistema de protección coordinado, que incluya todas las aportaciones y medios de las Administraciones Públicas.

Segundo, el Acuerdo sobre participación de las Comunidades en los asuntos de la Unión Europea. En él pactamos convocar, en el menor plazo posible, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, algo que efectivamente tendrá lugar el próximo 15 de febrero. Abordará la posible reforma de su reglamento interno, para darle una mayor flexibilidad y agilidad. Incrementará el papel de las Conferencias Sectoriales en la definición de la posición española ante las Instituciones europeas. Así como la mejor coordinación entre el Estado y las Comunidades a la hora de negociar, programar, gestionar y ejecutar los Fondos Estructurales y los Fondos de Inversión Europeos.

A este último Acuerdo también se incorporó la expresión de la  preocupación de todos por la dramática situación que padecen miles de refugiados. Y se pactó «impulsar un Plan coordinado de ayuda de emergencia, a través de la Cooperación al Desarrollo de nuestras Administraciones Públicas». Una materia en la que acabamos de aprobar nuestro III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020, que tiene como prioridad transversal el enfoque en derechos humanos. La primera reunión de coordinación de cara a ese Plan coordinado se celebró ya el pasado 23 de enero, con asistencia de la Junta.

Señoras y Señores Procuradores: finalizada la exposición de sus Acuerdos, es el momento de hacer un balance global de esta VI Conferencia de Presidentes. Considero que:

- En ella se han debatido cuestiones de interés real para todos los ciudadanos y todas las Comunidades. Lográndose once acuerdos en temas relevantes, con mecanismos para su impulso y seguimiento.

- Su desarrollo ha estado marcado por la sensatez y el espíritu de colaboración y diálogo. Cada Comunidad expuso sus prioridades y preocupaciones, pero también se habló, con lealtad y sin bloques, de España, y de sus problemas, retos e intereses.

- Se han marcado prioridades, abierto procesos y fijado plazos, asumiendo Estado y Comunidades un papel corresponsable y coprotagonista en algunas de las más importantes políticas.

 - Se han establecido garantías para que la celebración de la Conferencia tenga estabilidad institucional.

-  Se ha reforzado el papel del Senado. No sólo por ser sede de la Conferencia, sino por la revitalización de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en varios de los acuerdos alcanzados.

- En definitiva, se ha fortalecido el Estado de las Autonomías, siendo el único aspecto a lamentar la ausencia del Gobierno de dos Comunidades, un grave error sólo atribuible a los mismos.

Castilla y León ha sabido responder a las exigencias de este encuentro. Participando en sus trabajos preparatorios. Trasladando amplios consensos internos. Defendiendo planteamientos sensatos y meditados. Y logrando que muchos de ellos se recojan en acuerdos, de los que ya se están derivando actuaciones y medidas concretas.

En todo caso, Señorías, esta Conferencia no ha sido punto de llegada, sino de partida de muchas y muy importantes cuestiones, sobre las que nos esperan meses de duro trabajo. Castilla y León va a prestar su leal colaboración para que los Acuerdos alcanzados lleguen a buen puerto. Pero también estará muy vigilante para que sus intereses sean respetados. Y para ello, será fundamental que nosotros mantengamos en el futuro el espíritu de participación y acuerdo que ahora hemos demostrado. Por ello, de nuevo muchas gracias a todos.

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