El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el obispo de la Diócesis de Palencia, Manuel Herrero, han firmado esta mañana un protocolo de colaboración para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la Iglesia al Parque Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León, con el fin de destinarlas en régimen de alquiler social tras ser rehabilitadas. Ambas instituciones se comprometen a colaborar conjuntamente por un periodo inicial de cuatro años.
11 de mayo de 2018
Castilla y León |
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
La colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Obispado de Palencia tiene como fin facilitar la puesta a disposición de las familias de entornos rurales, a través de su incorporación al Parque Público de Vivienda de la Junta de Castilla y León, aquellas viviendas propiedad de la Iglesia que se encuentran en desuso. Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado de Palencia coinciden en el interés de utilizar esas viviendas en régimen de alquiler social para facilitar el acceso a personas que por su situación personal, social o económica no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre.
Las viviendas que se incorporen en virtud de este acuerdo al Parque Público de Vivienda están localizadas en pleno casco urbano y contarán con todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los diferentes núcleos rurales. Una vez firmado el protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estudiará las opciones propuestas por el Obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas.
Este compromiso de colaboración entre ambas instituciones tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento con representantes de ambas instituciones.
Este es el tercer convenio que firma la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con representantes de la Iglesia Católica -el primero se firmó el pasado año con el Obispado de León, y el otro la pasada semana con Ciudad Rodrigo- para trabajar conjunta y coordinadamente para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y atender situaciones difíciles, especialmente en el medio rural, y que se suma al resto de iniciativas que está llevando a cabo la Administración autonómica, como el programa ‘Rehabitare’, que durante los años 2016, 2017 y lo que llevamos de 2018, suma ha ofrecido hasta ahora 108 viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas en 89 municipios de Castilla y León con un presupuesto de inversión superior a 4 millones de euros. Este programa está continuando este año con la firma hoy de 4 viviendas en la provincia de Palencia, que se suman a las 5 comprometidas la semana pasada en la provincia de Salamanca. A esas 108 viviendas de ‘Rehabitare’ se suman las que se incorporan mediante los convenios con Obispados: la previsión es de 4 viviendas por año y obispado, lo que supone hasta ahora 12 viviendas más, con lo que se alcanzarían 120 viviendas en alquiler social en el medio rural. La cifra seguirá creciendo con la firma de convenios ‘Rehabitare’ en las otras 7 provincias y la firma de convenios con otros Obispados.
Suárez-Quiñones ha insistido en su defensa de la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda, tanto a través de estos programas como de los programas de rehabilitación y regeneración urbana que está llevando a cabo su departamento en los entornos rurales, todo ello con el fin de contribuir a fijar población en esos núcleos de población dentro de la lucha contra la despoblación.
Parque Público de Vivienda
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello, la Junta de Castilla y León ha creado un Parque Público de Vivienda en alquiler, entendido como servicio público de interés general, que ha complementado con una ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas. Un programa que, en el caso de viviendas asignadas para personas en riesgo de exclusión social u otras situaciones de emergencia social, se ejecuta conjuntamente y coordinadamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El Parque Público de Vivienda en Alquiler de la Junta de Castilla y León dispone ya de más de 1.780 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.
La Junta de Castilla y León destinó en 2016 un total de 11,3 millones de euros a la convocatoria de ayudas al alquiler con especial apoyo a las rentas más bajas, triplicando el número de beneficiarios, que en 2016 alcanzó a 8.760 personas. En la convocatoria del pasado año, fruto del acuerdo alcanzado en el seno del Diálogo Social, dicha cantidad se incrementó hasta los 14,6 millones de euros que fueron destinados para 11.160 beneficiarios, todo los cuales ya han cobrado íntegramente sus ayudas.
