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El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del decreto de las reservas regionales de caza

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El Consejo de Gobierno ha aprobado modificar mediante decreto el desarrollo reglamentario de la Ley de Caza relativo a las reservas regionales de caza con el fin de mejorar la gestión de las reservas y dar mayor participación y protagonismo a los propietarios de los terrenos, en su mayoría entidades locales. Se continúa favoreciendo el asociacionismo y la participación, manteniendo la figura de la Red de Reservas Regionales de Caza, de manera que sirva para la promoción nacional e internacional de estas figuras, y se desarrolla el fondo de gestión de las reservas para garantizar su financiación.

Consejo de Gobierno del 5 de octubre de 2017

Castilla y León | Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Mediante la modificación, se continúa con el modelo de cogestión comenzado en el año 2013 en el que la Junta de Castilla y León asume la gestión técnica mientras que los propietarios, la mayoría entidades locales, asumen la enajenación de los aprovechamientos cinegéticos.

Asimismo, esta regulación dota de mayor participación a estos propietarios de los terrenos y fomenta el asociacionismo voluntario, lo que permite que puedan asumir otras actividades complementarias a la caza como el turismo en la berrea, el fotográfico de la fauna o la comercialización de carne de caza, en otras. Con este objetivo la Red de Reservas Regionales de Caza facilita afrontar acciones conjuntas para favorecer la proyección nacional e internacional (especialmente los mercados de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Alemania y Oriente Medio). Por último, se desarrolla el funcionamiento del fondo de gestión de las reservas regionales de caza, financiado por el 15 % del importe de los aprovechamientos cinegéticos, sin perjuicio de las aportaciones voluntarias que puedan realizar los titulares de estos aprovechamientos, y que servirá para la mejora de los terrenos de cada reserva y la promoción de la Red de Reservas.

La modificación aprobada viene a derogar el Decreto 38/2013, de 25 de julio, decreto que por aspectos formales en cuanto a su tramitación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mediante sentencia que aún no ha adquirido firmeza.