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La Junta se persona en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en defensa de sus competencias autonómicas respecto a la gestión del lobo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado la personación de la Comunidad como parte coadyuvante de las demandadas en el recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Consejo de Gobierno del 31 de julio de 2025

Castilla y León | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado hoy la personación de la Comunidad de Castilla y León como parte coadyuvante en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo que impugna varias disposiciones de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena.

La Junta ha tenido conocimiento de la admisión a trámite de este recurso el pasado 28 de julio de 2025. La decisión de personarse responde a la necesidad de defender la constitucionalidad de la norma, ya que las disposiciones impugnadas afectan directamente a las competencias de Castilla y León en materia de protección del medio ambiente y los ecosistemas, y en concreto, en la gestión del lobo. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad la capacidad de desarrollar y ejecutar la legislación estatal en este ámbito.

La personación en este proceso se realiza para garantizar el respeto de las competencias autonómicas y para apoyar una ley que se considera fundamental.

La Junta de Castilla y León tiene la potestad de personarse ante el Tribunal Constitucional en este tipo de recursos, según lo establece su normativa. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también respalda que las comunidades autónomas puedan defender la constitucionalidad de una norma cuando un recurso afecta a sus propias competencias.

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León ha sido facultada para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para defender los intereses de la Comunidad en este procedimiento.