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El consejero de la Presidencia insta al Ministerio a fijar criterios uniformes para avanzar en la estabilización de la Función Pública en la Comunidad

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La reunión se enmarca dentro de los encuentros bilaterales entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Junta de Castilla y León para avanzar en las demandas del sector público de la Comunidad. Han sido múltiples los asuntos tratados con el fin de buscar un criterio uniforme entre la Comunidad y el Estado, tales como las interinidades de larga duración, la situación de los indefinidos no fijos, la escasez de habilitados nacionales, la tasa de reposición de efectivos o el Teletrabajo y la Administración Electrónica, entre otros.

8 de junio de 2020

Castilla y León | Consejería de la Presidencia

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha mantenido un encuentro en la tarde de hoy con la ministra de Política Territorial y de Función Pública del Gobierno de España, Carolina Darias, en una segunda reunión bilateral entre ambas administraciones para avanzar en las necesidades y demandas del sector público en la Comunidad. Este nuevo encuentro, al que ha asistido la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, ha servido para retomar las conversaciones y temas de relevancia que se pusieron de manifiesto el 9 de marzo en la visita del consejero al ministerio, por primera vez en la legislatura.

Entre los temas tratados en la videoconferencia, se encuentran aquellos que afectan a los empleados públicos y por los que el consejero ha mostrado su preocupación, como el referido a las interinidades de larga duración. A este respecto, y tras la sentencia dictada por la Unión Europea, el consejero ha pedido a Darias conocer la postura a adoptar por el ministerio a fin de mantener un criterio único tras la resolución judicial y valorar las vías que eviten la fuga de personas que llevan años en la Administración Pública, reteniendo así el conocimiento y la experiencia adquirida sin romper con los principios básicos del acceso al empleo público.

En palabras de Ibáñez, “buscamos una línea uniforme con el Estado y coordinada entre el proceso selectivo y la conservación del conocimiento, así como cierta garantía de estabilidad de empleo entre estas personas”. Además, el consejero indicó la preocupación por el transcurso de los plazos de caducidad de los procesos ante la dificultad que plantea la celebración de los exámenes presenciales manteniendo la distancia social, lo cual implica el despliegue de una infraestructura que en algunos procesos selectivos parece ser inviable.

En esta línea, el consejero planteó la preocupación por el colectivo de personas en situación judicialmente reconocida con un vínculo de indefinidos no fijos, planteando a la ministra la posibilidad de que se estudie un criterio generalizado y acorde con las normas que regulan el acceso al empleo público y que permita su estabilidad en el sistema, considerando todos los años de servicio de estos profesionales.

Asimismo, Ibáñez reiteró su preocupación por la previsión en los próximos años de jubilaciones masivas en el sector público, declarando que es posible que esta situación conlleve la necesidad de valorar la posible supresión del límite de la tasa de reposición de efectivos.

La Administración electrónica y el Teletrabajo han sido otros de los temas a abordar en la reunión telemática. En este sentido, el consejero declaró que “el cambio que está viviendo la administración pública vinculado a la administración electrónica es evidente y las funciones y tareas de nuestros trabajadores se adaptan de manera más ágil que los propios perfiles de puestos en función de sus Grupos profesionales, Cuerpos o Escalas, por ello y para garantizar una regulación homogénea Estado y Comunidad autónoma, solicitamos la constitución de un grupo de trabajo en el que podamos participar para su posible nueva configuración”.

Sumada a esta petición de la primera reunión con la ministra, y tras la situación vivida durante el confinamiento, se pone de manifiesto la importancia de un sistema nuevo y acorde con los tiempos del teletrabajo. En este sentido, el consejero solicitó que en aspectos generales sea el Ministerio el que aborde la regulación global para que todas las administraciones partan de unos criterios comunes, en aspectos tales como el control de la jornada, el cumplimiento de las normas básicas de prevención de riesgos laborales y la gestión y consideración en cuanto a la cesión de los medios de trabajo a los empleados públicos, entre otros.

Por otro lado, se ha abordado la problemática que supone para el mundo local la escasez de cobertura en los puestos reservados a los funcionarios de administración local con habilitación nacional. En este sentido el consejero ha recordado que esta situación deriva de la falta de ofertas de empleo público en los últimos años y que es competencia de la Administración del Estado. Ibáñez ha detallado el contenido del acuerdo que, de forma unánime, se tomó el día 20 de mayo en la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación, el cual recoge el compromiso de todos sus miembros de desarrollar las acciones necesarias para resolver la situación de falta de cobertura de estos puestos, lo cual implica necesariamente y de forma urgente una planificación y publicación de ofertas de empleo público adecuadas y continuadas en el tiempo por la Administración del Estado.

Otro de los temas abordados por el titular de la Presidencia se ha referido a la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, trasladando a la ministra la necesidad de conocer en qué punto se encuentra para poder avanzar al respecto.

Asimismo, y en la línea del trabajo abordado por la Consejería frente a la pandemia, Ibáñez puso en conocimiento de la ministra el proceso que desde la Junta se ha llevado a cabo para la desescalada en la Administración de la Comunidad, con la elaboración de la Guía para los planes de desescalada y su posterior aplicación en dos fases, buscando el equilibrio y la flexibilidad en la incorporación al trabajo presencial y la coexistencia con el no presencial, la seguridad de los empleados públicos y la conciliación con plenas garantías.