La Junta forma a los profesionales del ámbito de la infancia y la adolescencia para avanzar en la detección y prevención de la violencia sexual en los menores

21 de noviembre de 2022

Castilla y León | Delegación Territorial de León

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha organizado durante los meses de noviembre y diciembre una formación dirigida a todos los profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de la infancia y adolescencia de Castilla y León con el fin de seguir avanzando de manera coordinada en la detección y prevención de la violencia sexual en los menores, especialmente aquellos que están en el sistema de protección.

La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, ha presentado esta mañana la primera fase de esta formación presencial en León, que continuará el 28 de noviembre, y en la que se han inscrito 30 profesionales que atienden a la infancia desde los Servicios Sociales: educadores de los centros de menores, equipos de infancia de las corporaciones locales o técnicos de las secciones de infancia.

Esta actividad formativa se está impartiendo en todas las provincias de Castilla y León y también de forma online para dar a conocer su contenido al resto de profesionales de las entidades del Tercer Sector, del ámbito educativo, de la sanidad, del deporte, del ocio y tiempo libre o de los diferentes colegios profesionales implicados como el de psicología, trabajo social, abogacía, médicos o enfermería. En total, cuenta con nueve ediciones, a las que se suman tres cursos online, en los que participarán cerca de 500 profesionales.

Actualización de los instrumentos para la detección y atención a las posibles víctimas menores de violencia sexual

Castilla y León tiene desde el año 2002 una ley autonómica de infancia que en su momento fue pionera, siendo secundada por otras comunidades autónomas y por el Estado, y donde ya se preveía el maltrato y la violencia sexual como causa de desamparo de los menores. En ella se contemplaban diversas medidas que fueron desarrolladas en un Decreto de 2003, actualizado en 2021, donde se regula la acción protectora de los menores en riesgo o desamparo y los procedimientos para llevarla a cabo.

“Nuestra Comunidad cuenta, asimismo, con los correspondientes protocolos de actuación dirigidos a los profesionales para la atención integral a los menores, es decir, su protección, apoyo, acogida, reparación emocional y psicológica, autonomía e inclusión social”, ha explicado Esperanza Vázquez, quien ha añadido que, además, “dispone de protocolos específicos en el ámbito de los servicios sociales, en el sanitario, educativo y de ocio y tiempo libre para detectar y actuar ante posibles casos de violencia sexual”.

A raíz de la nueva legislación estatal de 2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia y del reciente Plan de acción estatal contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección a la infancia, que fue consensuado por todas las comunidades autónomas, se ha hecho necesario revisar y actualizar los instrumentos que los profesionales tienen a su disposición con el fin de actuar de forma homogénea y coordinada en la detección y atención a las posibles víctimas menores de violencia sexual.

“La formación que vais a recibir aborda desde el marco conceptual de la violencia sexual, la normativa y los procedimientos existentes, hasta las pautas de actuación para la prevención de la violencia, su detección y la intervención con las víctimas menores creando redes y desarrollando sinergias entre los profesionales de los distintos sectores implicados, prestando especial atención a la explotación sexual y a la trata de menores de edad sujetos a medidas de protección y que residen en recursos residenciales”, ha matizado la directora de Familias.

Una vez finalizada esta formación, y con las aportaciones de todos los profesionales participantes, se extraerán los aspectos básicos para revisar y actualizar los protocolos existentes en Castilla y León, poniéndolos en funcionamiento en sintonía con la normativa y el plan de acción estatal.