Isabel Blanco ha abogado hoy, durante el pleno del Comité de las Regiones, por que los territorios tengan la capacidad tanto de gestionar fondos como de decidir políticas adaptadas a sus necesidades locales para hacer frente a la exponencial pérdida de población, especialmente en las zonas rurales.
14 de mayo de 2025
Castilla y León |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha defendido hoy una Política de Cohesión para después de 2027 renovada, integradora y en la que tanto las regiones como las entidades locales tengan la capacidad de tomar decisiones y de gestionar fondos, puesto que son las principales conocedoras de las necesidades de sus territorios. Lo ha hecho durante el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea –que debate un Dictamen en cuya elaboración ha participado la Comunidad–, donde la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho hincapié en que el gran reto que debe afrontar dicha Política de Cohesión futura es el demográfico.
En este contexto, ha abogado por líneas de financiación específicas ligadas luchar contra la despoblación, a la que se enfrenta buena parte de la Unión Europea. Precisamente, una sexta parte del total de sus regiones cuenta con una población en retroceso. Castilla y León es uno de esos territorios que, a pesar de los buenos resultados de los últimos años en cuanto a saldo demográfico, envejece y acusa una dispersión de su población, que provoca desequilibrios demográficos.
Por esas razones, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León viene defendiendo una estrategia global para hacer frente a la despoblación, la dispersión y el envejecimiento basada en una visión amplia, participativa, coordinada e integradora. Esto se traduce en la necesidad de abordar una Política de Cohesión para después de 2027 que ponga el foco de manera directa en el medio rural de las regiones más despobladas, estableciendo dichas líneas de financiación específicas y que dote a estos territorios de una mayor autonomía a la hora de gestionarlos.
Durante su turno de palabra, Isabel Blanco ha reclamado que las regiones deben ser las verdaderas protagonistas en la ejecución de las medidas derivadas de la Política de Cohesión, puesto que son las que conocen tanto las fortalezas como las debilidades del territorio y tienen el bagaje suficiente para gestionar los fondos. Aunque existan objetivos generales de la Unión Europea, ha apostado por que las regiones tengan la libertad de adaptar los proyectos a sus necesidades locales específicas, a través de una estrecha colaboración con las entidades locales.
La vicepresidenta ha puesto de manifiesto que el envejecimiento y, por tanto, una reducción de la población en edad de trabajar puede afectar de manera directa al crecimiento económico, pero también a los sistemas de protección social ya que, además, los servicios públicos se encarecen de manera importante en el medio rural y especialmente si la población está envejecida.
Castilla y León como ejemplo
La defensa de una Política de Cohesión basada en criterios demográficos y la capacidad de las regiones para gestionar y tomar decisiones se ejemplifica de manera evidente en Castilla y León, una comunidad autónoma muy dispersa, con 2.248 municipios, el 94 % de ellos con menos de 2.000 habitantes y con un 36 % de su población residente en el medio rural.
Estas características demográficas suponen un desafío técnico y financiero para la Comunidad, puesto que la prestación de servicios en el ámbito rural es un 52 % más caro –la ayuda a domicilio para personas dependientes lo es un 78,5 %, por ejemplo–. En cuanto al sector educativo, el coste anual de la educación primaria es un 33 % más costosa en los pequeños municipios de acuerdo con la OCDE, mientras que, en lo que respecta al ámbito sanitario, el gasto de una persona mayor de 75 años multiplica por siete el de un adulto más joven.
Castilla y León es líder tanto en la gestión de los Servicios Sociales como en la atención a las personas en situación de Dependencia. En educación, según el informe Pisa, se encuentra a la vanguardia de España y de Europa. Y su sistema sanitario es el segundo mejor valorado por los usuarios.
En este sentido, las políticas que la Junta de Castilla y León aplica en el medio rural han logrado, a pesar de los obstáculos demográficos y territoriales, que la Comunidad haga frente al gran reto. Es el caso, en educación, del mantenimiento de los centros educativos en los municipios con tres alumnos y las ayudas tanto para hacer retornar o retener el talento, pero también el fomento de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
Se apoya a las familias tanto para impulsar la natalidad como para favorecer la conciliación, y se ha apostado de manera decidida por prestar un servicio sanitario de atención primaria de calidad –incluidas unidades de salud mental– también en los municipios más pequeños. En cuanto a la atención de los colectivos más vulnerables, como son las personas en situación de dependencia, la Junta invierte en tecnología e innovación social para que el sistema de cuidados llegue a todo el territorio y cumpla con las expectativas de los usuarios.
En cuanto a dinamización económica y creación de empleo, el Gobierno autonómico apuesta por estimular los sectores con mayor potencial del medio rural, como el primario –agricultura y ganadería– o la industria agroalimentaria, así como el sector forestal y también el turismo.
Para facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo en estas zonas, se antoja necesario, ha añadido, aplicar una fiscalidad favorable a las inversiones en el medio rural, mejorar las infraestructuras, especialmente la creación de vivienda y en transformación digital –extensión de internet a todos los rincones–, y mejorar la movilidad de los ciudadanos, como sucede con iniciativas pioneras como el transporte a la demanda.
Aún con todo en contra, la vicepresidenta de la Junta ha señalado que el resultado de todas estas políticas se traduce en que la Comunidad ha experimentado un saldo migratorio positivo de 22.300 residentes más en los últimos tres años.
