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La Junta de Castilla y León unifica los horarios de cierre de bares y discotecas para favorecer el empleo y el descanso de los vecinos

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La nueva normativa entrará en vigor el 18 de junio tras numerosas reuniones para lograr el consenso

28 de mayo de 2010

Castilla y León | Consejería de la Presidencia

Limitar la hora de cierre por el derecho al descanso de los vecinos, facilitar a cada tipo de local de hostelería su área de negocio y favorecer el mantenimiento y la creación de empleo son los objetivos principales de la nueva normativa de horarios de establecimientos públicos unificada para todas las provincias que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Cafeterías, bares, discotecas y restaurantes, entre otros establecimientos públicos e instalaciones de ocio tendrán los mismos horarios de apertura y cierre en las nueve provincias de Castilla y León, tal y como recoge la nueva Orden de regulación de horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas.

El nuevo texto corrige las desigualdades entre las provincias e iguala las condiciones para los empresarios, los trabajadores y los consumidores. Además, evita desplazamientos de los clientes a última hora de unas provincias a otras, o a comunidades autónomas cercanas, buscando horarios más amplios, algo que se produce en la actualidad especialmente en localidades de zonas limítrofes.

Por otro lado, las tablas de horarios están elaboradas de forma escalonada, de modo que cada tipo de establecimiento tiene sus horas de negocio dentro del abanico. Para facilitar su identificación por parte de los clientes, tendrán que tener una placa en lugar visible en el exterior con el tipo de licencia y el aforo y otras con los horarios de apertura y cierre.
Estos horarios de apertura y cierre no marcan el periodo de obligado funcionamiento, sólo limitan el periodo en el que se posibilita la actividad del local, cuyos responsables podrán decidir la hora de abrir y cerrar dentro de esos límites. Los ayuntamientos podrán solicitar autorización para que se amplíen los horarios en fiestas locales o días de eventos especiales, en atención de la afluencia turística.
En el texto se recoge con precisión cómo deben proceder los establecimientos en el momento del cierre cuando se llega a la hora tope del horario. Se informará a los clientes de que deben abandonar el local, no se permitirá el acceso a nuevos clientes y, si existieran, deberá cesar la música o el espectáculo, se encenderán las luces del interior y se apagarán los aparatos de vídeo y las luces exteriores.
La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas contempla el incumplimiento de los horarios de cierre como infracción grave, lo que conlleva sanciones de 601 a 30.000 euros, y la reiteración como infracción muy grave, con sanciones de 30.001 a 300.000 euros, además de suspensiones de actividad temporales o definitivas.
Para la elaboración de esta normativa con la participación de la sociedad y de los sectores afectados, la Consejería de Interior y Justicia ha mantenido reuniones y ha consultado a diversas organizaciones de empresarios de hostelería, de vecinos, de consumidores y de entidades locales.
Entre ellas se encuentran el Consejo Castellano-Leonés de Consumidores y Usuarios, la Confederación Católica de Ampas Castilla y León (Confapacyl), la Confederación de Ampas de Centros Públicos de Castilla y León (Confapacal), la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), representantes de diversos ayuntamientos con Cuerpo de Policía Local, el Consejo Regional de la Juventud de Castilla y León y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal).
Por la parte empresarial y laboral se encuentran la Federación de Asociaciones de Cines de España, la Asociación de Discotecas de Castilla y León (Asendiscale), la Federación Castellano-Leonesa de Empresarios de Hostelería, la Asociación de Bares de Tarde y Noche de Burgos y los sindicatos UGT y CCOO.
El texto de la Consejería de Interior y Justicia ha pasado también por la Comisión Regional de Espectáculos públicos, por el Consejo Económico y Social (CES) y por el Consejo Consultivo.