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Junta y Ayuntamiento de Ávila firman un convenio de colaboración para coordinar la gestión del parque público de viviendas con destino al alquiler social

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El convenio se enmarca en el protocolo de colaboración firmado el pasado mes de noviembre entre las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Familia e Igualdad de Oportunidades con la Federación Regional de Municipios y Provincias para gestionar de forma coordinada las viviendas que actualmente conforman el Parque Público de Viviendas destinado a cubrir situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. El convenio incide en facilitar al ciudadano la gestión del recurso mediante su solicitud a un solo organismo, sin reenvíos ni necesidad de acudir a ninguna otra instancia.

16 de febrero de 2018

Castilla y León | Consejería de Fomento y Medio Ambiente

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para intensificar la colaboración entre estas administraciones y agilizar el acceso temporal a una vivienda a aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

La vivienda constituye un elemento fundamental para la integración social de las personas y familias. En los casos de especial vulnerabilidad social, la falta de vivienda o la pérdida de esta por circunstancias sobrevenidas, unido a otros factores de desventaja social, incrementan el riesgo de exclusión social. Por este motivo, en determinadas situaciones se hace necesaria la intervención de los sistemas de protección social, para que, desde un enfoque integral, se pongan en marcha medidas específicas de apoyo en el ámbito de la vivienda dirigidas a minimizar el impacto que estas circunstancias tienen en estas personas y familias.

Así, los Centros de Atención Social (CEAS) del Ayuntamiento de Ávila, a los que acudirá el ciudadano, valorarán las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas o familias y acreditarán la necesidad de acceso a una vivienda en régimen de alquiler social dando directamente traslado de la petición a la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Fomento para dar lugar a la actuación singular solicitada.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene informados permanentemente y de forma actualizada a los servicios sociales sobre el número de viviendas disponibles en la provincia, información que trasladarán a los interesados, dándoles el asesoramiento y la orientación profesional necesarios para formalizar la solicitud, a través de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis. Un sistema de intercambio de información y de gestión conjunta entre la Junta y el Ayuntamiento en favor de una gestión del servicio público más rápida y eficaz, sin que el ciudadano que se encuentra ante una situación de necesidad tenga que acudir a otra instancia u oficina que no sea el CEAS correspondiente.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público de viviendas a las personas vulnerables en las siguientes situaciones: cuando la interlocución que lleva a cabo el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual; en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos, con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler.

Además, como responsable de la Red de Protección a las familias, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a coordinar a nivel autonómico, la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como puede ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise, por sus circunstancias, de una vivienda en otra provincia.

Alicia García ha señalado que con este acuerdo se refuerza y amplía un importante conjunto de medidas integradas en la Red de Protección a las familias que tienen como fin asegurar la cobertura de una necesidad tan básica para las familias en situación de vulnerabilidad como es la vivienda, ofreciendo un conjunto de servicios y ayudas de carácter integral y haciendo efectivo el compromiso del Gobierno de Castilla y León con las personas más vulnerables.

Parque público de Vivienda

El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, se centra en el fomento del alquiler como eje prioritario sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta Legislatura, concretado, en primer lugar, en el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas, y complementado con la creación de un Parque Público de Viviendas en alquiler, entendido como servicio público de interés general.

El Parque Público de Vivienda en alquiler en Castilla y León dispone actualmente de 1.765 viviendas, de las que 192 se encuentran en la provincia de Ávila, distribuidas en 24 municipios, y de ellas 53 están en la propia capital. Este Parque Público se nutre de viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra.

La política de vivienda social de la Junta de Castilla y León se completa con la convocatoria de ayudas al alquiler, con un decidido apoyo a las rentas más bajas, a la que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinó 14,7 millones de euros en 2017, alcanzando a 10.553 beneficiarios, de los que 866 lo fueron en la provincia de Ávila.

Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que el Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, que está a punto de adquirir el carácter de prestación esencial y de derecho subjetivo a través de la Ley de la Red de Protección que en breve va a aprobarse, ha atendido a 5.227 familias en Castilla y León en los cinco años que lleva funcionando, 265 de ellas en Ávila, promoviendo acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas de estas familias o facilitando fórmulas alternativas a la pérdida de la misma. Junto a esto, se acompaña a estas familias en el proceso de búsqueda de soluciones ante las circunstancias adversas que están viviendo, facilitándoles al mismo tiempo el acceso a los recursos que pudieran necesitar.

Todas esas familias atendidas han recibido información y asesoramiento, no solo en lo relativo a la insolvencia hipotecaria y a cómo afrontarla, sino también respecto a cómo acceder a otras prestaciones y servicios. En este sentido, se han llevado a cabo 2.352 actuaciones de derivación con 1.012 familias, 186 actuaciones para 84 familias en Ávila, para que pudieran beneficiarse de otros servicios o sistemas de protección como empleo, vivienda, salud, justicia gratuita, CEAS o Tercer Sector. Destaca de forma especial que en 956 casos en Castilla y León, 60 de ellos en Ávila, se ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía a raíz de la intervención del Servicio.

En cuanto a los 2.561 casos en los que se ha llevado a término una interlocución con la entidad financiera, 130 de ellos en Ávila, los resultados indican que en 1.156 casos, casi la mitad, se consiguió una reestructuración de la deuda, de lo que 38 casos fueron en Ávila; en 155 ocasiones, 9 de ellas en Ávila, la dación en pago; en 481 casos, 29 de ellos en Ávila, se alcanzaron acuerdos de otra índole, como acuerdos de no ejecución, suspensión de lanzamiento, venta, supresión de cláusulas suelo o bajada de tipo interés; y en 342 casos, 24 de ellos en Ávila, no fue necesario llevar a efecto interlocución iniciada por producirse una mejora de la situación. Para el resto de los casos se proporcionaron otros apoyos sociales.

La importancia de la actuación protectora de este servicio se aprecia en el hecho de que ninguna familia atendida tuvo que afrontar un desalojo forzoso. También en su alta tasa de efectividad, ya que en más de un 83 % de los casos se completa la interlocución con las entidades bancarias con resultado positivo y en el resto, cerca de un 17 % de los casos, la solución llega a través de otros apoyos sociales. A esto se suma el alto grado de cobertura logrado en relación a las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de particulares en Castilla y León, ya que desde 2016 el número de casos atendidos supera con mucho las ejecuciones hipotecarias iniciadas; y, por último, por su impacto, ya que Castilla y León es la comunidad con mayor reducción de procedimientos de ejecución hipotecaria, el 46 % en 2016, superando con amplitud la media nacional de reducción que es del 31 %.

Este dato está en consonancia con el descenso de la entrada de casos en el Servicio Integral de apoyo que ha experimentado un descenso en su demanda de más del 26 % en las oficinas locales, y del 19 % en la Oficina central.

Otras medidas de la Red de Protección de apoyo en vivienda

Dentro de la Red de Protección, y en relación con el apoyo a la vivienda, se incluyen también otros tipos de ayudas. Una de ellas es la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, que es una ayuda dirigida a atender de forma temporal y mientras dure la situación de urgencia social, la cuota hipotecaria, así como otros gastos específicos derivados de la situación, como gastos derivados de la reestructuración, levantamiento de embargos o gastos de desalojo. Desde que se creó, y hasta la actualidad, se han concedido este tipo de prestaciones a más de 3.000 familias por un importe de más de dos millones de euros (75 familias en Ávila por un importe de más de 42.000 euros).

Junto a esto está la prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual, destinada al pago de alquileres en el caso de que las familias en situación de vulnerabilidad se encuentren en alquiler. En estos años ha constituido un tercio del total de las ayudas económicas que se conceden, suponiendo aproximadamente el 40 % de la cuantía total del gasto destinado a estas ayudas. De 2013 a 2017, las familias que han recibido ayudas para alquiler son casi 17.134 por un importe de algo más de 12 millones de euros (en Ávila, unas 700 familias por un importe superior a los 352.000 euros).