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La Junta prorroga hasta finales de 2021 medidas dirigidas a facilitar el pago de cuotas de alquiler y compra en viviendas públicas

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El Consejo de Gobierno ha prorrogado hasta el 20 de diciembre de 2021 la vigencia de varias medidas recogidas en los capítulos III y IV de la Ley 10/2013 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda. La prórroga hace referencia a facilitar el pago de cuotas de compra y alquiler de viviendas de titularidad de las administraciones públicas y a las medidas orientadas a proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública.

Consejo de Gobierno del 21 de noviembre de 2019

Castilla y León | Consejería de Fomento y Medio Ambiente

La prórroga hasta el 20 de diciembre de 2021 aprobada hoy está justificada en el compromiso social de la Junta de Castilla y León con la política de vivienda, una de las que más afectan a los ciudadanos, que cuenta con la conformidad de la Comisión de Vivienda del Consejo del Diálogo Social en su reunión del pasado mes de octubre.

Las medidas objeto de prórroga contenidas en el capítulo III de la Ley 10/2013 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda están dirigidas a las viviendas de titularidad de las administraciones públicas y de sus entidades dependientes, para facilitar tanto el pago de la cuota de la compra como el pago del alquiler. En ambos casos está contemplada una moratoria en los pagos y una reestructuración de la deuda. Igualmente se amplía la vigencia de la reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el parque público de alquiler social.

También se han prorrogado las medidas para la reducción de los precios máximos de venta y alquiler, para la reducción del precio en el pago anticipado de viviendas de la Administración de la Comunidad, para facilitar la compra de viviendas en arrendamiento de la Administración de la Comunidad, así como para la constitución de parques públicos de alquiler social.

Las medidas incluidas en el capítulo IV prorrogadas están orientadas a proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública, que genera no solo problemas financieros a sus promotores, sino también riesgos graves de deterioro físico, y tensiones sociales derivadas del contraste entre las viviendas vacías y las carencias de amplias capas sociales.

Entre estas medidas se encuentra la autorización para ampliar el periodo de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los adquirentes y de los arrendatarios potenciales; facilitar el arrendamiento de viviendas vacías con opción de compra a 10 años y la no obligación de devolución de las ayudas que hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo, así como facilitar la ocupación de viviendas que sea necesario cambiar de residencia por motivos laborales.