La Junta da a conocer la Ley del Ruido de Castilla y León

10 de diciembre de 2009

Castilla y León | Delegación Territorial de Soria

El delegado territorial, Carlos de la Casa, ha presentado esta mañana la Jornada sobre la Ley del Ruido de Castilla y León organizada por la Junta de Castilla y León, al objeto de lograr un mayor conocimiento de la misma por los profesionales de todos los ámbitos que deben tener en cuenta en su actividad profesional esta norma y unificar criterios sobre la interpretación de determinados preceptos incluidos en la misma.
El ruido ambiental se ha desarrollado en las zonas urbanas y es hoy una fuente de preocupación para la población. Se ha calculado que alrededor del 20%25 de los habitantes de Europa Occidental (es decir, alrededor de 80 millones de personas) están expuestos a niveles de ruido que los expertos consideran inaceptables.
Los efectos del ruido pueden variar de un individuo a otro, aunque según el informe de la OMS «El ruido en la sociedad ¿ Criterios de salud medioambiental» de 1996, señalaba que el ruido puede tener una serie de efectos nocivos directos para las personas expuestas al mismo, como son alteraciones del sueño, efectos fisiológicos auditivos y no auditivos o interferencias en la comunicación.
En un principio la lucha contra el ruido no se consideró una prioridad en materia ambiental a diferencia, por ejemplo, de la reducción de la contaminación atmosférica. Las consecuencias sobre la población eran menos espectaculares y la degradación de la calidad de vida era aceptada como una consecuencia directa del progreso tecnológico y la urbanización.
Las primeras medidas comunitarias consistieron en la fijación de los niveles máximos de ruido para determinados tipos de vehículos (coches o aviones) con vistas a la realización de un mercado único. A la normativa comunitaria se fueron añadiendo medidas a nivel de los distintos estados miembros.
Una evaluación del impacto de las medidas legislativas ha puesto de relieve una notable reducción del ruido emitido por determinados vehículos. Así, por ejemplo, el ruido causado por los vehículos particulares se ha reducido en un 85%25 desde 1970, pero el problema del ruido ambiental sigue estando de actualidad debido principalmente al aumento del tráfico.
nueva normativa
La importancia de los problemas generados por el ruido ha hecho que ya desde el año 1995 se redactara normativa para prevenir sus efectos. Así, en el ámbito territorial de Castilla y León, se aprobó el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecían las condiciones que debían cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros y vibraciones, con el objeto de servir de base de protección contra los ruidos y vibraciones.
También numerosos ayuntamientos han ejercido un papel muy relevante en la lucha contra esta agresión medioambiental desarrollando medidas antirruido que se han materializado en la redacción de las correspondientes ordenanzas.
Para todas las administraciones, el control del ruido en el ambiente exterior e interior es un ámbito claramente sectorial y no se puede abordar el problema del ruido sin una clara y decidida implicación de otros ámbitos sectoriales como tráfico, urbanismo, ordenación del territorio y vivienda, así como, horarios de cierre y espectáculos públicos.
El ruido es considerado como una forma importante de contaminación y una clara manifestación de una baja calidad de vida. Las consecuencias del impacto acústico ambiental, tanto de orden fisiológico como psicofisiológico, afectan cada vez a un mayor número de personas y en particular a los habitantes de las grandes ciudades.
Debido a este problema la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, introduce medidas tendentes a determinar la exposición al ruido ambiental de la población, poner a disposición de la misma la citada información y adoptar planes de acción con vistas a prevenir y reducir la exposición al ruido ambiental. A nivel estatal, la Directiva anteriormente citada ha sido adaptada al derecho español mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Como respuesta a estas reglamentaciones y a la demanda ciudadana, Castilla y León ha aprobado la Ley del Ruido que, entre otras cuestiones, establece que las entidades locales de más de 20.000 habitantes tendrán que realizar un mapa de ruido de su localidad, que deberá estar aprobado antes del 30 de junio de 2012, sobre los datos del año anterior, con el objetivo de permitir el desarrollo de un plan de acción dirigido a solucionar en su territorio las cuestiones relativas al ruido y sus efectos, y en su caso, a su reducción. La elaboración de estos mapas será financiada por la Junta de Castilla y León con 1,4 millones de euros.
Los mapas de ruido se configuran como el instrumento encaminado a disponer de información uniforme sobre los niveles de contaminación acústica aplicando criterios homogéneos de evaluación, permitiendo así hacer predicciones y adoptar planes de acción respecto de la contaminación acústica existente.
A diferencia de la normativa estatal que obliga a la realización de este instrumento de gestión a las poblaciones mayores de 100.000 habitantes, en esta Ley se ha reducido este umbral hasta los 20.000 habitantes para acercarse más a la realidad regional.
En la ley se incluye el calendario de aplicación a los mapas de ruido y a los planes de acción, así se establece que los mapas deben estar elaborados en 2012 con respecto a los datos de 2011 y actualizarse cada 5 años y en 2013 los planes de acción correspondientes.
Además, la ley establece un periodo para la adaptación a la norma de 3 años orientado a que las instalaciones existentes en la actualidad se adapten a las prescripciones de esta norma.
El objetivo es dar satisfacción a la creciente demanda ciudadana de disponer de normas eficaces que permitan abordar los problemas de ruido cotidianos relacionados con la presencia en las proximidades de las viviendas de emisores acústicos que pueden generar molestias y, en general, a todas las cuestiones de acústica ambiental favoreciendo con ello, la reducción progresiva de los niveles de ruido en nuestras calles y protegiendo de manera especial las zonas naturales de nuestra comunidad
Principales novedades de la normativa autonómica- Aborda de una manera coherente y eficaz tanto la acústica ambiental basada en la normativa europea como la acústica derivada de actividades e instalaciones susceptibles de emitir ruidos y su incidencia en la población.
- Declara el control del ruido como un servicio de prestación obligatoria para la Administración autonómica, la local (a partir de 20.000 habitantes) y la provincial en su labor de asistencia a los pequeños municipios.
- Se aplica a todos los emisores acústicos, públicos o privados, así como las edificaciones, en el territorio de la Comunidad incluido las actividades domésticas, que la normativa estatal excluye.
- Reduce de 100.000 a 20.000 habitantes el umbral para el desarrollo obligatorio de mapas de ruido y planes de acción como principal herramienta para el control del ruido ambiental.
- Crea y regula el funcionamiento de las entidades de evaluación acústica como entes de titularidad pública o privada que disponen de las acreditaciones y los medios adecuados para realizar controles de ruido.
- Determina los criterios para la autorización del funcionamiento de emisores de ruido y regula detalladamente la documentación a presentar por las empresas para su autorización.
- Establece los criterios para el otorgamiento de licencias de primera ocupación de viviendas y la obligación de que el proyecto de edificación incorpore un estudio acústico de la zona previo a su aprobación.
- Establece objetivos de calidad y valores límite para instalaciones existentes y nuevas (la norma estatal solo lo establece para nuevas).
- Obliga a que bares musicales y similares instalen sistemas de limitación y control del ruido.
- Limita el nivel acústico en locales a 95 dB (A).
LA Junta y LA Federación Regional de Municipios y Provincias desarrollan acciones conjuntas para la aplicación de la Ley del Ruido en Castilla y León
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó el pasado 16 de noviembre el protocolo de colaboración suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias para el desarrollo de acciones coordinadas con las entidades locales en materia de aplicación de la Ley del Ruido en Castilla y León, en vigor desde el pasado 9 de agosto de 2009.
Mediante este convenio la Consejería de Medio Ambiente concede una subvención a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León por importe de 125.000 euros para la realización de acciones de promoción, información sensibilización y asesoramiento en materia de ruido para la correcta aplicación en las entidades locales de la normativa autonómica y estatal sobre la materia, dirigidas a profesionales que desarrollan su trabajo en las entidades locales de Castilla y León.
La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León realizará las siguientes actuaciones:
- Organización de cursos, jornadas y otras acciones concretas de formación y asesoramiento en materia de ruido a los municipios de Castilla y León, estableciéndose la obligatoriedad de organizar un mínimo de 12 actividades formativas.
- Captación y selección de representantes de los municipios para participar en las distintas acciones, aportando el debido asesoramiento en áreas de control de ruido y la orientación sobre nuevas actuaciones en esta materia, facilitando para ello la infraestructura y el personal preciso en cada caso.
La Federación Regional de Municipios y Provincias se compromete a procurar a los participantes en las diversas acciones una mayor sensibilización en los aspectos medioambientales y un mayor conocimiento de los programas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en materia de control del ruido. Así mismo, la Federación Regional de Municipios y Provincias se compromete a participar con la Administración regional en otras actuaciones tendentes al control del ruido.