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García-Gallardo pide al Gobierno “responsabilidad” en la política migratoria y más medios para las fuerzas de seguridad del Estado

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El vicepresidente de la Junta se ha reunido con representantes de la asociación policial Jupol y ha denunciado que sólo una pequeña parte de los extranjeros que entran ilegalmente en España son expulsados

20 de febrero de 2024

Castilla y León | Vicepresidente de la Junta de Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha pedido hoy al Gobierno central “responsabilidad” en la política migratoria y más medios materiales para las fuerzas de seguridad del Estado que deben gestionarla, pues están “desprotegidas”.  

Ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes de la asociación de policías Jupol, quienes le mostraron su preocupación por la falta de dotaciones adecuadas en materias como el vestuario o la prevención.

“Siempre hemos sido una comunidad de acogida. Pero de acogida de aquellos que vienen aquí a integrarse y a trabajar para levantar con nosotros una Castilla y León mejor”, ha manifestado esta tarde García-Gallardo.

Y añadió que, aunque la situación en Castilla y León está lejos de la “tensión” que se vive en otras zonas del país, como Cataluña, la comunidad podría verse abocada a recorrer el mismo camino con años de retraso si no se le pone remedio.

García-Gallardo se mostró preocupado por el bajo índice de casos en los que las personas que llegan ilegalmente a España logran ser expulsadas, un porcentaje que la asociación Jupol estimó en un 3 %. Algo que atribuyó, en parte, a los agujeros legales de la Ley de Asilo.

El vicepresidente reconoció que la inmigración tiene un peso todavía pequeño en Castilla y León, pues las personas de origen extranjero suponen un 7,42 % de la población autonómica, sólo algo más de la mitad de la media española (13,1%). Pero destacó que en el último lustro su peso relativo ha crecido un 30 %, pasando del 5,59 % del censo a ese 7,42 %.

La asociación Jupol trasladó al vicepresidente de la Junta también la existencia de carencias materiales en aspectos que pueden entrar dentro de la normativa laboral, como la falta de ropa adecuada y de prevención. García-Gallardo anunció que el Gobierno autonómico va a estudiar la situación “y probablemente elaboraremos un requerimiento”.