La Junta adquiere una acción de la empresa pública Tragsa para contar con sus servicios en cumplimiento de la normativa europea

Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2016

Castilla y León | Consejería de Economía y Hacienda

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 26 de febrero de 2004 determina que las administraciones públicas que quieran encargar la realización de trabajos a compañías consideradas como medios propios instrumentales a efectos normativos deben ejercer un control sobre ellas a través de su presencia en los órganos de decisión de estos entes públicos. Para ajustarse a este precepto, el Ejecutivo autonómico ha acordado la participación de Castilla y León en el capital social de Tragsa con el objetivo último de poder continuar sirviéndose de sus medios por considerarlos de gran utilidad para la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medio ambiente o atención a emergencias, entre otros.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizó el pasado 16 de septiembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la enajenación de una acción de esta empresa pública de titularidad de la Administración General del Estado a favor de la Junta por su valor patrimonial, que asciende a 8.171 euros. La proposición de la operación corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda por ser el departamento que tiene asignadas las competencias en materia de patrimonio de la Comunidad.

Un total de 15 autonomías ya forman parte del capital social

Castilla y León se suma a la lista de 15 autonomías que ya forman parte del accionariado de Tragsa. Son Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria, Murcia, La Rioja, Galicia, Aragón, Andalucía, Canarias, Cataluña, Baleares, Extremadura, Asturias y País Vasco. Su participación individual en el capital se limita al 0,0034 %, el mismo porcentaje que ahora asumirá nuestra Comunidad.El socio mayoritario de la empresa pública es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51 % de los títulos, seguida por el Fondo Español de Garantía Agraria, con un 38,96 %, y la Dirección General de Patrimonio del Estado, con un 9,98 % de representatividad. Tragsa fue creada por el Real Decreto 379/1977, de 21 de enero. Entre las funciones de esta sociedad pública, extensivas a las filiales que conforman el grupo, se encuentran la realización de obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio ambiente y de gestión de recursos naturales; la prevención y lucha contra los incendios, así como la prestación de apoyo técnico de carácter urgente; o la financiación de la construcción o explotación de infraestructuras agrarias, medioambientales y de equipamientos de núcleos rurales.