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La Junta acuerda las directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de Castilla y León

El consejo de Gobierno ha aprobado en la mañana de hoy las directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que amplían la exigencia de la difusión de la imagen institucional en aquellas actuaciones que conlleven financiación de la Administración.

Consejo de Gobierno del 4 de junio de 2020

Castilla y León | Consejería de la Presidencia

El consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo cuya finalidad es que el ciudadano perciba de forma clara y concluyente qué actividades son realizadas o qué servicios son prestados mediante una financiación aportada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aun cuando su ejecución material se lleve a cabo por otras administraciones o entidades

El Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León, determina la utilización de la identidad corporativa en todas las acciones de comunicación que lleven a cabo los departamentos de la Junta de Castilla y León, sus organismos autónomos y sus entes de derecho público y establece los modelos normalizados que definen dicha identidad. De esta forma, las directrices amplían la exigencia de la difusión de la imagen institucional en aquellas actuaciones que conlleven financiación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La Dirección de Comunicación formulará instrucciones para supuestos sustancialmente iguales que permitan un uso estándar para todos los órganos y entidades que constituyen el ámbito de aplicación de estas directrices, las cuales concretan las actuaciones y destinatarios incluidos en su ámbito de aplicación.

Estas directrices se aplicarán en actuaciones como convenios, subvenciones, aportaciones del sector público autonómico destinadas a la realización de actuaciones concretas, ayudas que no tengan la naturaleza jurídica de subvención y premios. Los destinatarios afectados son las administraciones públicas y demás entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de aquéllas, universidades públicas o privadas, asociaciones, fundaciones de carácter público o privado, corporaciones de derecho público, empresas públicas o privadas y personas jurídicas públicas o privadas.