El consejo de Gobierno ha aprobado una serie de directrices transversales y vinculantes destinadas a los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, así como de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad relativas a transparencia, contratación, publicidad institucional, carta de servicios, identidad institucional, patrimonio, personal, altos cargos y control de eficacia.
Consejo de Gobierno del 28 de julio de 2021
Castilla y León |
Cabe recordar que el punto 1.3 del Acuerdo para el Gobierno de Castilla y León de 21 de junio de 2019, suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos, dentro de sus objetivos en materia de regeneración política e institucional, señala el compromiso para la creación de “una comisión paritaria entre los dos partidos firmantes para analizar la situación, utilidad, y funcionamiento de las entidades del sector publico autonómico de Castilla y León, en cuyas conclusiones podrá determinar la extinción de aquellas entidades cuyas funciones puedan ser desempeñadas por la Administración General de la Administración Pública con igual o mayor eficacia o con igual o menor coste.”
En cumplimiento de este acuerdo, se constituyó una Comisión Paritaria para el Análisis de las Entidades del Sector Público Autonómico de Castilla y León, cuyos trabajos se centraron en los análisis de entes públicos de derecho privado, empresas públicas y fundaciones públicas. En concreto, de los primeros, se analizaron el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE); el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl); el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (Eren); la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl); y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.
En cuanto a las empresas públicas, la Comisión Paritaria para el Análisis de las Entidades del Sector Público Autonómico de Castilla y León analizó la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Y con respecto a las fundaciones públicas, la citada Comisión estudió la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León; la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León; la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación; la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores; la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo; la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales; la Fundación Centro de Supercomputación; la Fundación de Acción Social y Tutela; y la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos.
Una vez finalizado el análisis, la Comisión emitió unas conclusiones y recomendaciones para cada una de estas entidades, así como unas medidas de carácter transversal para la mejora de la transparencia, eficiencia y austeridad de todas las entidades del Sector Público Institucional de Castilla y León.
Dentro de los objetivos establecidos por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior para esta legislatura se encuentra la realización de actuaciones en materia de racionalización del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que deben centrarse en los entes públicos de derecho privado, empresas y fundaciones públicas que forman parte del Sector Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León, puesto que son las entidades que presentan un régimen jurídico más singular, especialmente en ámbitos como contratación, personal y patrimonio. Es preciso señalar que la aplicación de este acuerdo aprobado hoy en Consejo de Gobierno no afectará a las fundaciones públicas constituidas solamente por las Universidades públicas.
El seguimiento del cumplimiento de estas directrices se efectuará por cada consejería en el ámbito de sus competencias, informándose periódicamente a la Comisión de Secretarios Generales a instancias de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
En relación con las directrices específicas sobre transparencia, este acuerdo obliga a la realización de las modificaciones normativas que sean precisas con el fin de que las entidades que integran la Administración institucional, así como las empresas y fundaciones públicas, dispongan de un portal web, accesible a todos los ciudadanos, cuyo acceso deberá facilitarse desde el Portal del Gobierno Abierto integrado en la web corporativa de la Junta de Castilla y León. La relación de directrices vinculantes incorpora implantar y regular el control de eficacia de las entidades que integran la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León, así como de las empresas y fundaciones públicas, sin perjuicio de extender el ámbito de aplicación de dicho control a las restantes entidades que conforman el Sector Público Institucional de la Comunidad.
Los entes, empresas y fundaciones afectadas deberán adoptar instrucciones sobre contratación y publicidad institucional análogas a las aprobadas para su aplicación en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León. Además, con la aplicación de estas directrices, deberán elaborarse y ponerse a disposición del público de las respectivas cartas de servicios en las que informar sobre los servicios que ofrece cada entidad, así como sobre los derechos de los usuarios en relación con ellos y los compromisos de calidad, objetivos y resultados en su prestación.
La identidad institucional es otro de los aspectos incorporados en este compendio de directrices. Así, entes, empresas y fundaciones públicas tendrán que coordinar el uso de las respectivas imágenes corporativas con la identificación de la Junta de Castilla y León en todas las acciones de comunicación audiovisuales, escritas y plásticas, y en particular, en las informaciones, publicaciones y comunicaciones o cualquier otro tipo de expresión en cualquier soporte, incluidos los audiovisuales o telemáticos, en los carteles y señalizaciones y en los documentos, modelos normalizados y material impreso.
Velar por la custodia, conservación, utilización responsable y defensa de su patrimonio, así como promover su inscripción registral en los casos en que proceda es otro aspecto reseñable entre las directrices aprobadas. Al respecto del patrimonio, entes, empresas y fundaciones habrán de verificar que los bienes inmuebles y derechos reales que no sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la entidad de que se trate se incorporen, previa desafectación en su caso, al patrimonio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León.
Directrices sobre personal y altos cargos
En materia de personal, los entes públicos de derecho privado, empresas y fundaciones públicas que forman parte del Sector Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León adoptarán directrices o disposiciones que garanticen el cumplimiento, respecto del personal de la entidad, de los principios establecidos en la Disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como de aquellos de sus preceptos que, según su correspondiente naturaleza jurídica, puedan serles de aplicación.
También es destacable que, según las directrices, la selección de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas -siempre que su contratación se realice a través de un contrato de alta dirección- se llevará a cabo exclusivamente mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia, y atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. Y las retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas, siempre que tengan un contrato de alta dirección, y por su condición de altos cargos, no serán superiores a las establecidas en los presupuestos generales de la comunidad, para los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales o asimilados a algunos de los anteriores de la Administración General o de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León.
