La Junta aprueba la creación de la Zona de Acción Social de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, para que el municipio asuma las competencias en materia de Servicios Sociales tras superar los 20.000 habitantes

Consejo de Gobierno del 25 de abril de 2024

Castilla y León | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Las diferentes áreas y servicios en materia social que se desarrollan y prestan en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) dejarán de estar gestionados por la Diputación de Valladolid para ser asumidos por el propio municipio.

Tal y como establece la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, las entidades locales que pueden tener competencias en este ámbito son aquellos municipios que superen los 20.000 habitantes o las diputaciones provinciales, que las ejercerán en las localidades que no alcancen ese número de vecinos. Por tanto, la Junta de Castilla y León, competente en la planificación autonómica de los Servicios Sociales, ha aprobado la creación de una zona de acción social para el municipio vallisoletano, puesto que ya supera esa barrera.

Del acuerdo al que ha dado luz verde hoy el Consejo de Gobierno se derivan dos consecuencias. La primera es la modificación de la ‘Zona de Acción Social Cercanías 1’, perteneciente a la Diputación Provincial de Valladolid y en la que estaba integrada la localidad, que ahora sale de ella. Y la segunda es la citada creación de la ‘Zona de Acción Social de Arroyo de la Encomienda’, en la que el Ayuntamiento pasará a gestionar las materias sociales. Para ello, el Consistorio arroyano deberá crear su propio Centro de Acción Social –CEAS–, iniciativa que ya ha comunicado. Las instalaciones se ubicarán en la calle La Rebesquina, número 11.

Los CEAS, gestionados por los ayuntamientos o por las diputaciones provinciales en función de la población de los municipios, son la pieza básica de los Servicios Sociales de Castilla y León, a cuya cabeza se encuentra la Administración autonómica. Es la vía más cercana de acceso al sistema y cumplen con una serie de funciones esenciales para los ciudadanos. Prestan información, orientación o asesoramiento; gestionan prestaciones y ayudas económicas, y analizan el perfil social de las personas que acuden a los centros para, posteriormente, adecuar los servicios a sus necesidades.