La Consejería de Movilidad y Transformación Digital analiza el intercambio de vías autonómicas y provinciales en una reunión donde se ha hecho seguimiento del convenio del Proyecto Territorio Rural Inteligente y de la mejora de la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
7 de febrero de 2025
Castilla y León |
Consejería de Movilidad y Transformación Digital
La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora han celebrado una reunión de trabajo con la participación del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y su equipo y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.
Uno de los temas tratados ha sido la situación de la red de carreteras en esta provincia, asunto en torno al que se han retomado las conversaciones mantenidas en años anteriores entre ambas administraciones para el intercambio de carreteras de titularidad autonómica o provincial en su caso, con el objeto de que su mantenimiento y gestión sean más eficientes.
De esta forma, la red viaria autonómica incorporaría la ZA-P-2315, de ocho kilómetros de longitud, con el objeto de realizar una actuación necesaria de mantenimiento y modernización. Esta carretera daría continuidad a la ZA-702 (uniría La Tabla con Villafáfila), además del tramo de unos 4 kilómetros entre la ZA-921 (Ungilde) hasta Robledo, para un total de 12 kilómetros.
Por su parte, a la red provincial se incorporarían tramos de carreteras hasta 14,9 kilómetros, como la ZA-712, la ZA-623, la ZA-624 y la ZA-902.
En la ZA-712 se va a actuar al estar incluida la travesía de Tagarabuena, dentro del proyecto de humanizaciones que la Junta desarrolla en este 2025 y que ya está adjudicado. Por otro lado, en el resto de la vía se intervendrá también en la mejora del firme mediante contratos de conservación y se cedería en perfecto estado con una longitud de 4,3 kilómetros. El itinerario completo (Toro-Villardondiego) tiene una longitud de 7,2 km.
En cuanto a la ZA-623 (Moraleja del Vino a Casaseca de las Chanas), es una carretera de una longitud corta (3,5 km) que une dos carreteras autonómicas. Se ha realizado una renovación integral durante el año 2024, incluida en las obras de la pista ciclista. También la ZA-624 (N-630 a Pontejos), que tiene una longitud de 5,2 km, donde se ha realizado una obra de mejora de firme y de señalización vertical en el año 2023.
Por último, la carretera ZA-902 (P.K. 34+000 a 35+900) tiene su inicio en la carretera de Diputación ZA-P-2439 y su final en Fonfría (N-122). Este tramo de carretera da continuidad a la carretera provincial. El último refuerzo al firme se realizó en 2020.
Territorio Rural Inteligente
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital aportará también hasta 2028 un millón de euros para el proyecto Territorio Rural Inteligente para la gestión inteligente de servicios públicos mediante sensores de Internet de las Cosas (IoT). Esta partida económica llega a los 1,5 millones de euros con las aportaciones de las nueve diputaciones provinciales.
“Ponemos la tecnología al servicio de los ciudadanos de Castilla y León con una plataforma que es capaz de gestionar, a través de la sensorización de elementos, servicios públicos determinantes en el día a día de los municipios de la Comunidad”, ha afirmado el consejero de Movilidad y Transformación Digital. La gestión inteligente va desde la recogida de residuos al alumbrado público o el agua, a los canales abiertos de carreteras, de piscifactorías, de patrimonio cultural y espacios naturales, de la calidad del aire en centros educativos y espacios públicos, de aparcamientos, o del consumo energético de edificios con instalaciones fotovoltaicas.
En líneas generales, este proyecto permite monitorizar en tiempo real las condiciones que se están produciendo allí dónde están instalados y, en consecuencia, tomar decisiones en tiempo real en base a los datos recogidos y a las alertas que se pueden configurar.
Igualmente, permiten realizar una gestión eficiente del servicio y reducir desplazamientos, e incluso detectar puntos de fallo, como puede ser, por ejemplo, la detección de fugas en el caso de monitorizar depósitos de agua.
Actualmente están integrados en la plataforma de Territorio Rural Inteligente más de 3.500 puntos sensorizados en Castilla y León, llegando a más de 400 municipios. En Zamora se cuenta con 263 puntos de gestión inteligente de residuos, 33 de patrimonio cultural inteligente, 22 de carreteras, 18 de agua y 1 de piscinas inteligentes. Cabe destacar municipios como Alcañices, Bermillo de Sayago, Cañizal, Galende, Lubián, Otero, Puebla de Sanabria, Tábara o Villalpando, por citar algunos de los 114 incorporados a este listado.
La labor de la Junta de Castilla y León va más allá de la inversión gracias a su asesoramiento técnico a través de la Oficina de Apoyo a la Smart Rural, que respalda a ayuntamientos y diputaciones, y que incluye la asistencia técnica a las diputaciones provinciales para asesorarles sobre qué actuaciones pueden ser las más adecuadas a realizar en el marco del nuevo convenio firmado.
Más actuaciones de la Junta
La Junta de Castilla y León cuenta con una partida de 585.000 euros a distribuir entre las 9 diputaciones provinciales (65.000 euros cada una) para la mejora de la cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el medio rural, con el objetivo de que cualquier ciudadano de la Comunidad, independientemente del lugar en el que resida, tenga acceso a una televisión de calidad.
José Luis Sanz Merino ha analizado el convenio correspondiente a la provincia de Zamora, asegurando que “el compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es el de trabajar por el bienestar de los ciudadanos”. Las instituciones provinciales aportan otros 65.000 euros para que la cuantía económica por provincia alcance los 130.000 euros.
Desde la Junta se recuerda que la extensión de Castilla y León hace que la cobertura de la televisión en la Comunidad es notablemente inferior a la media nacional. “Hemos solicitado reiteradamente al Gobierno de España, que es el que tiene las competencias en esta materia, que se implique en la financiación para facilitar el acceso en condiciones de igualdad al servicio de la TDT”, ha demandado Sanz Merino.
Un claro ejemplo son las recientes alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital, reclamando al Estado que sufrague los importantes costes que van a suponer las nuevas medidas técnicas que incorpora.
El consejero ha recordado que la extensión de la cobertura TDT “es una actuación de marcado carácter social, pues afecta especialmente a zonas rurales, y resulta necesaria para garantizar la cohesión social y territorial”. También ha destacado que “es un derecho irrenunciable que los ciudadanos puedan acceder a estos servicios, independientemente de donde vivan”.
La Junta de Castilla y León dispone de una red de 648 centros emisores de TDT, lo que permite ampliar la cobertura de las cadenas nacionales hasta aproximadamente el 99 %, y la de las autonómicas hasta un 94,5 %. Esta red da servicio a alrededor de 350.000 ciudadanos, con un coste de mantenimiento anual de 5,4 millones de euros que soporta íntegramente la Administración autonómica, desde hace más de 10 años. Adicionalmente, a finales del año 2024, se concedieron ayudas por importe de 906.127 euros para subvencionar receptores SAT-TDT HD para que los castellanos y leoneses del medio rural que se han visto afectados por el apagón de la TDT en formato estándar (SD) puedan contar con este servicio. El número total de beneficiarios fue de 2.322, pertenecientes a 613 entidades de población.
