- Isabel Blanco ha abogado en el pleno por una Política de Cohesión que tenga más en cuenta criterios como la despoblación y que permita a los gobiernos regionales gestionar los fondos por ser más conocedores de sus propias necesidades
- Ha señalado la necesidad de movilizar suelo para construir vivienda, especialmente en el medio rural, para lo cual se antoja necesario eliminar trabas burocráticas y apostar por una fiscalidad más favorable
- También ha manifestado la necesidad de dar seguridad al sector del automóvil en un escenario incierto a causa de la guerra arancelaria, a través de la simplificación normativa y la innovación propia
15 de mayo de 2025
Castilla y León |
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha intervenido hoy en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde ha trasladado las necesidades de Castilla y León y ha expuesto las propuestas del Ejecutivo autonómico en tres materias clave: vivienda, Política de Cohesión y automoción. Tal y como ha recalcado, el objetivo es que se escuche la voz de la Comunidad, ya que la prioridad del Gobierno de Mañueco es dar respuesta a las preocupaciones de todos los ciudadanos castellanos y leoneses, para lo cual es y va a ser fundamental la orientación de las políticas de la Unión Europea en los próximos años, especialmente en lo que respecta a la Política de Cohesión.
En primer lugar, Isabel Blanco ha defendido la necesidad de movilizar suelo para construir vivienda y hacer frente a las demandas de todos los extractos de la sociedad: los jóvenes, las familias y también las personas mayores. Y, si bien es preciso edificar en las grandes ciudades, la política de vivienda se debe desarrollar sobre todo en clave rural, para dar respuesta a las necesidades que tienen los municipios, especialmente a la hora de fijar población y generar oportunidades.
Para lograr tales objetivos, es preciso una simplificación normativa y administrativa que facilite tanto la construcción como el acceso a la vivienda, pero también la aprobación de ayudas económicas orientadas a generar un escenario más propicio para los distintos colectivos sociales. En este sentido, ha abogado por profundizar en la línea que sigue la Junta, de conceder ayudas tanto a la compra como al alquiler, pero también ha señalado la necesidad de una fiscalidad más favorable.
En este contexto juega un papel esencial la Política de Cohesión, cuyas bases de cara a 2027 se están sentando actualmente. Y es que, según la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, el hecho de necesitar más vivienda en el medio rural es una pretensión propia y ajustada a las características de Castilla y León, y es así como se debe configurar la futura Política de Cohesión: descentralizada, para que las regiones y los entes locales puedan gestionar y decidir sobre los fondos para aplicarlos a las necesidades más acuciantes de sus propios ciudadanos. Al fin y al cabo, ha explicado, los gobiernos regionales son los que mejor conocen las singularidades, especificidades y particularidades de su territorio, pueden aplicar de manera más precisa estas políticas y evitar que nadie se quede atrás.
La número dos del Ejecutivo autonómico ha reivindicado también que, a la hora de repartir esos fondos, no se tenga en cuenta únicamente el producto interior bruto de cada territorio, sino que deben ganar peso otros factores como la despoblación o la dispersión demográfica. Porque, ha ejemplificado, no es lo mismo Castilla y León, con 2.248 municipios de los cuales 2.119 no pasan de los 2.000 habitantes, donde llevar los servicios es mucho más costoso, que una región uniprovincial con alta densidad de población.
Sector del automóvil
La vicepresidenta también ha participado en la reunión de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción —Corai—, vinculada al Comité Europeo de las Regiones, donde ha defendido una transición ecológica justa y viable, centrada en la reducción de emisiones pero sin penalizar la competitividad, en la misma línea que el Plan de Acción Integral del sector del automóvil presentado por la Comisión Europea, y se ha felicitado, precisamente, por la flexibilización de la normativa en cuanto a dichas emisiones. Tal y como ha recalcado durante su turno de palabra, descarbonizar no es reducir tecnologías y dicha transformación debe ser viable e ir acompasada a la realidad económica y social del sector y de cada territorio.
Y, precisamente, en un escenario incierto como el actual, de guerra arancelaria y comercial a nivel internacional, se debe dar seguridad tanto al sector como a los propios consumidores. Por ello, la clave es apostar por la competitividad: favorecer la eliminación de las cargas burocráticas, continuar por esa senda de flexibilizar los límites de las emisiones para que la transición ecológica sea justa y, también, apostar por la innovación propia.
En un área productiva crucial para la economía de Castilla y León, ha defendido que dicho proceso de transformación se acometa de manera gradual y ordenada y adaptándose a la realidad de cada territorio. Isabel Blanco ha explicado detalladamente la posición autonómica en el futuro del automóvil, en el que la Comunidad es referente por producción, exportaciones, facturación, cadena de valor y formación, ya que genera el 20 % de la producción nacional y más de 40.000 empleos, cuenta con 150 proveedores y su industria representa el 15 % del producto interior bruto del territorio. La Comunidad cuenta, además, con prácticamente el 100 % de los fabricantes de componentes para el sector. Este ecosistema alrededor del sector del automóvil se completa con unas universidades y centros tecnológicos que impulsan la innovación y la transferencia de conocimiento en este ámbito.
Así, desde una posición de liderazgo, la Comunidad está plenamente comprometida con esta transición hacia una movilidad sostenible y neutra en emisiones, de acuerdo con las políticas de la Unión Europea. Pero este proceso de transformación, para que sea justo, equitativo y ordenado, debe ser compatible con la demanda de los consumidores, la capacidad de inversión de las empresas y, fundamentalmente, con el mantenimiento del empleo y la competitividad.
Todo ello pasa por un impulso de la innovación tecnológica propia. Es decir, no sólo que se fabrique en la Unión Europea, sino que se desarrolle aquí la tecnología, ha manifestado la número dos del Gobierno autonómico, ya que Europa va con retraso en áreas como las baterías, el software o los sistemas de conducción autónoma. Por ello, ha abogado por una estrategia a largo plazo que impulse la I+D+i del automóvil en clave europea.
Por último, teniendo en cuenta que Castilla y León es la comunidad en la que más crecen las exportaciones —un 15 % en 2024, frente al 0,2 % de la media estatal—, la vicepresidenta ha expresado la necesidad de fortalecer las herramientas de defensa comercial de la Unión Europea en pleno enfrentamiento arancelario internacional. Una de ellas va ligada al vehículo eléctrico: para proteger el producto propio, ha abogado por la configuración de reglas específicas de origen para fortalecer su ecosistema. Además, ha defendido la aplicación de medidas ‘antidumping’ contra prácticas desleales, como el impulso de empresas conjuntas o acuerdos de compra en las inversiones extranjeras en el sector, para así aumentar el valor añadido europeo.
Por último, ha reafirmado el compromiso de Castilla y León con el sector del automóvil, tanto con las empresas como con los trabajadores. Una de las claves, además de la mejora de la competitividad y dotar de mayor eficacia a la cadena de valor, es la atracción y retención del talento.
