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Castilla y León y Extremadura refuerzan su colaboración en la lucha contra los incendios forestales

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  • Un protocolo renovado consolida casi 30 años de cooperación efectiva entre ambas comunidades autónomas en zonas limítrofes, fijando procedimientos de actuación conjunta y coordinación operativa.
  • La experiencia acumulada, con más de 75 intervenciones de Castilla y León en incendios en Extremadura desde 2010, avala la importancia de una respuesta coordinada ante emergencias forestales de gran magnitud
  • El protocolo prevé, entre otras medidas, reforzar la zona fronteriza de las comunidades de manera que haya una franja de 10 kilómetros de despacho automático de medios aéreos y terrestres y de mando unificado
  • La cooperación entre las 9 comunidades autónomas vecinas y Portugal se traduce en un modelo de eficacia, con Castilla y León como referente en apoyo técnico, formación, y capacidad de respuesta nacional e internacional

30 de mayo de 2025

Castilla y León | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

La Junta de Castilla y León y la Junta de Extremadura han suscrito un nuevo Protocolo General de Actuación para reforzar su colaboración en la prevención y extinción de incendios forestales en zonas limítrofes. Este acuerdo, firmado por los consejeros competentes en materia medioambiental Juan Carlos Suárez-Quiñones e Ignacio Higuero de Juan, actualiza y amplía el marco de cooperación establecido por el convenio de 1998 y su adenda de 2010, consolidando así una trayectoria de casi tres décadas de trabajo conjunto.

El acuerdo prevé la ayuda mutua, la cooperación técnica, el desarrollo de programas de formación conjunta en toda la Comunidad y el intercambio de información y documentación especializada. Además, define la forma de actuar en incendios que afecten a ambas autonomías o esté próximo a entrar en la comunidad vecina.

Para ello se prevé la intervención en una Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales (ZACIF), comprendida por una franja de cinco km a ambos lados del límite administrativo entre ambas comunidades, diez kilómetros en total, donde se produce el despacho automático de medios terrestres y aéreos. Asimismo, se establece un procedimiento operativo de extinción y se determina en qué situaciones se actuará bajo mando unificado.

La colaboración entre Castilla y León y Extremadura ha sido clave en la respuesta a algunos de los incendios forestales más relevantes de los últimos años. Entre ellos, destacan los fuegos originados en Extremadura en Pinofranqueado (2023) y en Acebo (2015).

Desde 2010, Castilla y León ha intervenido 689 veces en incendios forestales fuera de su territorio, con más de la mitad de estas actuaciones (54 %) en Portugal. En este contexto de cooperación nacional e internacional, Extremadura ha recibido 77 intervenciones de apoyo de Castilla y León, lo que representa un 11,2 % del total. Por su parte, Castilla y León ha recibido 153 actuaciones de apoyo de otras comunidades y Portugal, destacando las procedentes de Madrid (41), Extremadura (35) y Castilla-La Mancha (27).

Los datos estadísticos del periodo 2010-2024 evidencian el papel estratégico de Castilla y León como pilar del sistema de emergencias forestales en España y en la cooperación transfronteriza con Portugal. Esta comunidad mantiene convenios o protocolos activos con todas las autonomías limítrofes, así como una destacada red de colaboración técnica, formativa y operativa.

Además, los análisis de los incendios forestales en Castilla y León en el periodo 2000-2023 muestran una tendencia decreciente en el número de siniestros y una creciente eficacia operativa: el 80 % de los incendios en 2023 se quedaron en la categoría de conato (menos de 1 ha afectada), reflejo de una respuesta rápida y efectiva. Sin embargo, los grandes incendios forestales (GIF) —aunque suponen menos del 1% del total— han sido responsables del 66% de la superficie forestal afectada en el último decenio, lo que resalta la importancia de la cooperación interterritorial para abordar emergencias de esta envergadura.

En definitiva, este protocolo representa una herramienta clave para fortalecer la coordinación institucional, optimizar los recursos disponibles y mejorar la preparación ante los retos derivados del cambio climático, el aumento de la severidad de los incendios y la necesidad de proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de las personas en ambas comunidades.