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Junta de Castilla y León y Delegación del Gobierno sellan un acuerdo para reforzar la vigilancia del cumplimiento de las medidas contra la pandemia

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  • El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, han suscrito hoy un protocolo de colaboración para intensificar la coordinación y apoyo entre ambas administraciones
  • Se facilita que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan garantizar un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, reforzando así la seguridad de todos los ciudadanos

21 de septiembre de 2020

Castilla y León | Presidente de la Junta de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, han firmado esta mañana en la sede del Ejecutivo autonómico el Protocolo General para la Coordinación de Actuaciones en Aplicación de las Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la Covid-19.

Este acuerdo garantiza y formaliza la necesaria coordinación y apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las medidas contra la pandemia.

Para ello, la Junta se compromete a comunicar, informar y asesorar a la Delegación del Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos establecidos contra la COVID-19. Por su parte, la Delegación del Gobierno apoyará al personal inspector y miembros de las policías locales, así como en la incoación de las denuncias por eventuales infracciones.

El Protocolo firmado facilita un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, reforzando así la seguridad de todos los ciudadanos.

Al mismo tiempo, impulsa cauces de comunicación más ágiles, que favorecerán la aplicación de las medidas sanitarias mediante respuestas más inmediatas y efectivas.

Según han destacado tanto el presidente de la Junta de Castilla y León como el delegado del Gobierno en la Comunidad, los principales beneficiados de todo ello serán los castellanos y leoneses en su conjunto, pero especialmente la gran mayoría de personas respetuosas y cumplidoras de las normas.

En su intervención ante los medios de comunicación, Fernández Mañueco ha insistido en que en la lucha contra el virus no deben existir ni fronteras ni colores políticos y que “todos somos responsables de la salud de todos”.

En este sentido, ha recordado que las comunidades autónomas, como prestadoras de los servicios públicos fundamentales, se sitúan en la primera línea de la lucha contra esta pandemia y que la Junta de Castilla y León lleva desde el principio trabajando sin descanso, con medidas sanitarias, sociales y también económicas, para atenuar los efectos de esta crisis y propiciar la recuperación.

Para ello, ha afirmado, es necesario la implicación de todos y especialmente de todas las instituciones y administraciones públicas en sus distintos niveles, colaboración en la que precisamente se enmarca el Protocolo firmado hoy.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha hecho hincapié en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han trabajado intensamente, desde el minuto uno hasta el fin del estado de alarma, en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas sanitarias, y han seguido haciéndolo después, garantizando la observancia y el respeto por parte de la ciudadanía de la normativa autonómica que dictaba la Junta de Castilla y León, y denunciando en caso contrario.

El protocolo, ha señalado Izquierdo, avanza y formaliza esa colaboración, reconociendo jurídicamente la toma de decisiones desde el punto de vista útil y estableciendo los cauces a través de los cuales se pone en práctica la labor de los uniformados del Estado en la Comunidad Autónoma.

El objetivo, ha dicho, de este documento, es permitir la instrumentalización, en el día a día, de cómo colaborarán la Policía Nacional y la Guardia Civil garantizando que quienes deban estar confinados a consecuencia de pruebas COVID positivas, así como sus contactos, cumplan con el confinamiento, de modo que quienes no lo hagan sean objeto de expediente administrativo y, en última instancia, de orden judicial.

Nota: Se adjunta documento con el Protocolo firmado.