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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reforzado sus políticas sociales con medio centenar de medidas durante el coronavirus

El 73 % de los centros y residencias de la Comunidad no registra casos de coronavirus y 1.006 mayores han superado la infección. 9.300 Familias han percibido la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo que supone una inversión de 4,8 millones de euros al mes. 8.836 familias han visto cubiertas de forma urgente sus necesidades básicas de subsistencia por aislamiento social o carencia de recursos a través de Cruz Roja. La puesta en marcha del Programa Atrapadas garantiza la atención a mujeres víctimas de explotación sexual y favorece su vuelta a una vida normalizada.

28 de abril de 2020

Castilla y León | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha garantizado, a pesar de la situación originada por la pandemia del coronavirus, la prestación de los Servicios Sociales y las ayudas a los ciudadanos de Castilla y León. De hecho, durante este tiempo se ha mantenido el pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Dependencia, las Pensiones no contributivas, la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y el Fondo de Asistencia Social (FAS). Además, se han reforzado en todas las provincias los servicios de atención a colectivos más vulnerables y los centros residenciales, tanto de mayores que, tal y como se ha puesto de manifiesto, son los más afectados en esta crisis, como de personas con discapacidad, menores en situación de desamparo y víctimas de violencia de género. Una prestación de servicios a los ciudadanos que más lo necesitan y que no hubiera podido llevarse a cabo sin la coordinación y el diálogo permanente mantenido con representantes del Gobierno Central, el resto de fuerzas políticas, las Entidades Locales, las distintas asociaciones y el Tercer Sector Social de Castilla y León y los representantes del Diálogo Social.

Renta Garantizada de Ciudadanía y otras prestaciones

La Junta de Castilla y León ha reforzado durante este tiempo el compromiso con las familias y las personas más vulnerables que han visto en las últimas semanas cómo, en muchos casos, se agravaba su situación económica, activando para ello la Red de protección a las familias, e incrementando los recursos y facilitando los trámites y procesos para hacer frente a sus necesidades. Desde que se decretara el estado de alarma la Administración autonómica ha realizado un importante esfuerzo para garantizar el cobro las prestaciones a los ciudadanos, entre las que destacan la Renta Garantizada de Ciudadanía, partiendo de este Ingreso Mínimo Vital que ya dispone la Comunidad, desde hace 10 años.

En el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía el número de familias que la perciben es de 9.300 en este último mes, 22.000 beneficiarios, una cifra de perceptores que se ha incrementado en las últimas semanas y que recibirán en su conjunto 4,8 millones de euros en concepto de nómina mensual.

De hecho, con el fin de garantizar de forma más ágil el acceso a esa ayuda, el 19 de marzo de 2020 se llevó a cabo la habilitación telemática vía email, para poder presentar solicitudes, pedir información o realizar modificaciones.

El día 15 de abril se publicó la resolución que facilitaba el abono de prestaciones ya reconocidas, la reanudación de las prestaciones suspendidas y las modificaciones de cuantía, especialmente aquellas vinculadas al aumento de la prestación.

En total se han producido 85 nuevas altas en el mes de abril, 55 reanudaciones y 77 cambios de cuantía.

Por provincias los perceptores en este mes de abril han sido los siguientes: (ver tabla 1).

Red de Protección a las Familias

Conscientes de la importancia de atender a las familias especialmente vulnerables de Castilla y León, una de las primeras medidas adoptadas ha sido el refuerzo de la Red de Protección a las Familias con la ayuda de las entidades locales.

A través del Protocolo 012 y gracias a la colaboración de Cruz Roja, se ha puesto en marcha esta iniciativa para la detección centralizada de necesidades de atención social inmediata. Se trata de un servicio que se ha puesto a disposición de los ciudadanos que se encuentren en situación de dificultad, con el fin de cubrir sus necesidades más básicas a causa del confinamiento y que ha recogido y canalizado de forma urgente sus demandas, permitiendo así detectar nuevas necesidades en relación a tres perfiles:

  • Personas que demandan ayuda por no poder realizar por si mismas actividades esenciales de la vida diaria por pérdida de los apoyos habituales
  • Personas y familias que necesitan apoyo urgente para la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia por insuficiencia de recursos económicos
  • Personas y familias vulnerables, ya sea por edad o por enfermedad que no pueden salir de su casa

Desde el día 16 de marzo se han atendido un total de 8.835 demandas de un total de 14.910 solicitudes y para prestar dicha asistencia se ha contado con la ayuda de Cruz Roja, a la que se concedió una subvención de 1,2 millones de euros. Además, desde el día 20 de marzo cuando se puso en marcha este dispositivo, el teléfono 012 ha atendido un total de 6.317 demandas (lo que supone unas 200 llamadas de media a lo largo de los 32 días de aplicación del protocolo, de lunes a sábados, e incluyendo la Semana Santa). De ellas solo 110 han recogido de necesidades de apoyo dentro del domicilio, en concreto de personas con algún grado de dependencia o enfermedad, algunas de ellas de edad avanzada, que precisaban de apoyos en su entorno próximo y que lo han perdido a causa del Covid19. En estos casos se valora la necesidad de forma urgente por los equipos de atención básica de las corporaciones locales y se provisiona de las ayudas necesarias en el domicilio. Es necesario por lo tanto resaltar que la escasa demanda nos indica que el sistema de servicios sociales está identificando estas necesidades antes de que aparezcan, evitando situaciones críticas.

Asimismo, durante el primer mes del estado de alarma, se han tramitado 1.481 prestaciones económicas para la cobertura de necesidades de subsistencia en situaciones de urgencia social, por un importe de 506.1527 euros. Los conceptos a los que se ha orientado la ayuda han sido: 616 para alimentación, 31 para hacer frente al pago de cuotas hipotecarias, 257 para necesidades básicas de la vivienda, 308 a sufragar al pago de alquiler de la vivienda y 166 a otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar, enseres, etc

Además, una de las líneas de ayuda aprobadas recientemente por la Junta de Castilla y León, contempla una partida de 1.768.250 euros, destinados a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus y que además, se ha repartido entre las Corporaciones Locales con competencia en servicios sociales. Su distribución se ha realizado en función del número de niños con domicilio en el ámbito de actuación de cada una de dichas entidades locales y que estaban accediendo al comedor escolar de manera gratuita por causas económicas.

La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades destacó durante su intervención la colaboración y coordinación desde el primer día con las Entidades Locales, y agradeció el esfuerzo y la respuesta inmediata que han realizado las mismas para atender las distintas recomendaciones y procedimientos que se han ido enviando, tanto las relativas al procedimiento de valoración de la dependencia, como el Plan de Contingencia de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica. Asimismo, reiteró que todos los servicios sociales de las Corporaciones Locales han estado en alerta, ampliando su horario de atención y respondiendo a la demanda de los ciudadanos.

Respecto a la ayuda a domicilio Isabel Blanco indicó que las recomendaciones enviadas hacían incidencia en mantener las atenciones básicas con la menor presencia posible, priorizando la atención a los usuarios más vulnerables, con necesidades de cuidados personales, o concediendo nuevas altas por necesidades de urgencia, teniendo también en cuenta que, al cerrar los centros de día podía aumentar el número de usuarios. A pesar de las medidas de reducción de las horas de contacto con las personas atendidas, en este mes se han producido 6.832 bajas voluntarias, que no deseaban continuar con el servicio por miedo al contagio. Las medidas adoptadas en estas circunstancias ha sido mantener el servicio, aunque no fuera presencial y realizar un seguimiento telefónico de estas personas para garantizar su correcta atención. Durante este primer mes de alerta, del 14 de marzo al 14 de abril se ha atendido presencialmente a 15.704 usuarios y se han incorporado al servicio 329 nuevas atenciones.

Respecto a la teleasistencia se ha ampliado la cobertura dando servicio a las personas mayores que viven solas o son vulnerables por otros motivos, siendo un servicio de atención proactiva, y reforzando el número de llamadas. Durante el primer mes de alerta, se ha atendido a través de este servicio a 15.930 personas y se han incorporado a 160 nuevos usuarios. De todos ellos, a 10.910 personas se ha realizado un seguimiento exhaustivo de forma proactiva a través de llamadas para conocer su situación de forma permanente. El promedio de llamadas realizadas ha superado las 8.500 semanales

Para cofinanciar todas estas actuaciones que pudieran sobrevenir por la crisis del COVID-19, se ha destinado un total de nueve millones de euros, del Fondo Social Extraordinario destinado para las Comunidades Autónomas para paliar las consecuencias sociales originadas por la pandemia. Isabel Blanco valoró también el papel desempeñado por las entidades locales en la prestación de los Servicios Sociales en Castilla y León y que han recibido dicho Fondo, a diferencia aseguró de lo realizado por otras Comunidades como Extremadura, Castilla la Mancha o Asturias, en las que dicho Fondo Social Extraordinario no se ha repartido entre las Corporaciones Locales.

De este Fondo Social Extraordinario, siete millones se han  repartido entre las 24 corporaciones locales de manera proporcional a lo recibido para este año 2020 en el Acuerdo Marco, y los otros dos millones restantes servirán para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, distribuyéndose la cuantía de manera proporcional a las plazas financiadas este año en dicho Acuerdo. El Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las Corporaciones locales, para la financiación de las prestaciones sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas Entidades Locales. Es un instrumento que, además de dotarlas de financiación, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, aprovechando la proximidad de los profesionales a los usuarios, evitando de esta forma, duplicidades (ver tabla 2).

Apoyo a víctimas de violencia de género

La atención y protección a víctimas de violencia de género y personas dependientes de ellas ha sido una prioridad desde el primer momento para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y por lo tanto, un servicio esencial que prestar. Por este motivo se definió un Plan de Contingencia para asegurar el funcionamiento de la red de atención así como los servicios y ayudas asociados, en el nuevo contexto de la declaración de estado de alarma, con medidas que se incorporan al plan de contingencia de la red de protección de Castilla y León a la pandemia del coronavirus, que la Gerencia de Servicios Sociales envía a las Corporaciones Locales y a las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales el día 16 de marzo.

El objetivo principal es dar una respuesta ágil y coordinada a las nuevas necesidades de las personas vulnerables y para ello, la atención a víctimas de violencia de género se ha blindado en Castilla y León, reforzando recursos y servicios que se consideran  prioritarios como la colaboración con el teléfono 012, centros de emergencia, casas de acogida y dispositivos de atención integral a víctimas de violencia de género especialmente vulnerables (drogodependientes, con discapacidad por enfermedad mental grave o víctimas de trata), servicio de asesoramiento jurídico y servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género y a todas las personas dependientes de ellas. Asimismo se ha potenciado el seguimiento de casos con riesgo alto a través de los 9 Puntos de Coordinación en Castilla y León, para lo que se ha diseñado un sistema de monitoreo que recaba información diaria de cada recurso.

La Consejera indicó en su comparecencia que en los centros de emergencia no existe a día de hoy, ninguna persona con resultado positivo en COVID-19 y mantienen su actividad las 24 horas al día, todos los días del año y bajo medidas y condiciones de seguridad en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Desde que se decretara el estado de alarma se han registrado doce nuevos ingresos, no se ha producido un incremento respecto al promedio habitual y, a fecha 22 de abril, la ocupación es del 48 por ciento del total de las plazas disponibles. Además, todos los centros de emergencia están dotados de Equipos de Protección Individual (EPI) y han adoptado las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.

En el caso de las casas de acogida, desde la declaración del estado de alarma se han producido cuatro nuevos ingresos en este período, una cifra que se sitúa en el promedio habitual, su grado de ocupación es del 47 por ciento y en ellas se han seguido los protocolos y medidas de prevención establecidas. Tan solo un caso positivo por COVID-19 se ha registrado en la provincia de León, mientras que ocho personas permanecen aisladas en la casa de acogida correspondiente a requerimiento de las autoridades sanitarias por sospecha de infección (cinco en León y tres en Valladolid) Asimismo, las casas acogida con personas en situación de aislamiento por prescripción médica no reciben nuevos ingresos.

En relación a los equipos de protección para los profesionales, además de las indicaciones de aplicación general se prioriza el que las tareas asumidas por las referentes de los Centros sean realizadas desde ubicaciones distintas (preferentemente teletrabajo).

Además se ha puesto en marcha el Proyecto Mujeres Atrapadas en colaboración con entidades del tercer sector, ya que se ha detectado que las medidas de obligación al confinamiento en casa de la ciudadanía, han situado a mujeres y menores que ejercían la prostitución, en algunos casos habiendo sido víctimas de trata con fines de explotación sexual, en una situación de mayor vulnerabilidad. Para garantizar la cobertura de necesidades básicas de subsistencia se ha llevado a cabo un procedimiento de actuación que tiene entre sus objetivos: realizar una atención psico-social, facilitar el apoyo necesario que pueda favorecer la vuelta a una vida normalizada, garantizar la atención social y el acceso a otros recursos en su caso y detectar y denunciar posibles situaciones de trata con fines de explotación sexual que se encuentren entre las mujeres atendidas.

Para lograrlo, las entidades que actúan en diferentes provincias dando cobertura a todo el territorio en esta comunidad, realizan a diario tareas de seguimiento y apoyo a estas mujeres, continúan en contacto telefónico con las mujeres y son receptoras de demandas y canalizadoras de las mismas. Los profesionales dichas entidades analizarán la situación social y económica de cada mujer, justificando en cada caso la ayuda que se les concede, ajustando la misma a la situación personal vivida y quedando todo ello reflejado en su expediente. Hasta el momento se han atendido en este programa un total de 33 mujeres en las provincias de Burgos, Valladolid y León, pudiendo llegar a resultar beneficiarias un total de 250 mujeres.

Refuerzo de la atención a menores

Prestar los cuidados necesarios a los menores cuyos representantes legales o cuidadores habituales resultaran afectados por coronavirus ha sido uno de los objetivos que se ha marcado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde que comenzara el estado de alarma, Por este motivo, se ha aprobado un protocolo de actuación que incluye la atención a menores para dar respuesta inmediata a sus necesidades básicas de cuidado, alojamientos o atención socioeducativa que pueda necesitar durante el tiempo en el que un adulto no pueda hacerse cargo. Para ello, la Junta de Castilla y León ha habilitado la infraestructura precisa en cada una de las provincias, aunque hasta el momento no ha sido necesario activar dicho protocolo: CEE Príncipe Don Juan (Ávila), CRIE/Escuela Hogar (Burgos), Residencia CEE Bergidum de Ponferrada (León), CEE Carrechiquilla (Palencia), Residencia IES Rodríguez Fabrés (Salamanca), Centro de Educación Especial Ntra. Sra. De la Esperanza (Segovia), Escuela Hogar Madre de las Mercedes Residencia “La Merced” (Soria), Residencia deportiva “Río Esgueva” (Valladolid) e IES Universidad Laboral (Zamora). Durante estas semanas ha habido cinco casos de menores en estas situaciones, que finalmente no han necesitado utilizar estos recursos, ya que se han encontrado otras soluciones como la familia más próxima o el alta hospitalaria de alguno de los progenitores.

Asimismo, los responsables de las secciones de infancia de las distintas gerencias territoriales de servicios sociales han estado en contacto permanente con las familias con menores en el sistema de protección y que normalmente se atendían en los puntos de encuentro familiar. Desde que se decretara el estado de alarma se han realizado más de 5.000 llamadas para informar y atender a las quinientas familias y poder coordinar las actuaciones necesarias.

Actuaciones en centros residenciales

La adecuada atención de las personas mayores en nuestra comunidad ha sido y seguirá siendo una de las prioridades para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y por este motivo,

Las primeras medidas frente al COVID-19 se realizaron el 28 de febrero con el envío a todos los centros residenciales de las recomendaciones de seguridad e higiene existentes en ese momento. El día 11 de marzo ya se restringió las visitas a los centros durante una hora como máximo al día y un familiar por residente, preferiblemente en la habitación, hasta que finalmente el día 14 de marzo se eliminaron.

Desde el inicio de la pandemia originada por el coronavirus, se ha realizado un seguimiento diario de los centros residenciales de la Comunidad, con la monitorización y el seguimiento diario de 1.214 centros de personas mayores (públicos y privados), de discapacidad y viviendas tuteladas, clasificándolas en cinco grupos en función del grado de afectación teniendo en cuenta el tamaño, el personal del que disponían o el número de casos que había en el centro. El resultado de esa monitorización, a fecha actual, es:

  • Grado 1: 832 centros limpios;
  • Grado 2: 98 centros con niveles muy bajos de afectación (menos del 10 %).
  • Grado 3: 67 centros con un 10-30 % de usuarios confirmados o con síntomas.
  • Grado 4: 102 centros con un 30-60 % de usuarios confirmados o con síntomas.
  • Grado 5: 41 centros con más del 60 % de usuarios confirmados o con síntomas.

Además, se ha establecido una nueva clasificación en función de su situación para poder ajustar la actuación a sus necesidades reales y se ha enviado a todos ellos las guías y pautas de actuación, las recomendaciones para mejorar el bienestar psicoafectivo de nuestros mayores, las medidas generales de contención de la enfermedad de humanización y los distintos protocolos de actuación. Indicaciones en las que se ha hecho hincapié en que los centros residenciales deben disponer de zonas diferenciadas y destinadas a pacientes infectados, con sospecha de enfermedad.

Asimismo, se han proporcionado Equipos de Protección Individual (EPIs) a todas las residencias que los han necesitado, a medida que se ha ido disponiendo de los mismos especialmente a las que presentan algún caso confirmado por COVID-19, se han distribuido más de dos millones y medio de mascarillas y se han facilitado todos los medios posibles para que los centros puedan contratar personal, por diferentes vías. De hecho a través de la Gerencia de Servicios Sociales se han realizado 667 contrataciones nuevas como refuerzo de plantillas, 139 empleados públicos asignados de otras Consejerías, 53 empleados adscritos temporalmente de personal de servicios generales y se han realizado nueve contratos de alumnos del último curso de Enfermería. Asimismo, 413 personas se han ofrecido voluntarias para trabajar en estos centros., Además, se han realizado limpiezas y desinfecciones de los centros por parte de la UME, bomberos, protección civil o empresas especializadas.

La Consejera indicó también que se ha puesto en marcha el procedimiento para la atención socio-sanitaria en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad ante la crisis sanitaria por el COVID-19, que contempla las medidas adoptadas para dotar y reforzar la atención sanitaria en residencias a través de los equipos COVID residencias que han prestado apoyo a los Equipos de Atención Primaria (también a profesionales sanitarios de las Residencias de personas mayores y de personas con discapacidad) para la atención sanitaria en las residencias.

Además en los casos necesarios se ha establecido el modelo de hospitalización domiciliaria del centro y desde el día 10 de abril se está procediendo a la realización de test a los residentes y trabajadores de las residencias: hasta el lunes 27 de abril se habían realizado test a 30.349 residentes y 17.548 trabajadores. También se han mejorado los procedimientos de comunicación entre los mayores y sus familias mediante la distribución de más de 250 móviles de pantallas grandes y tablets, donados para tal fin.

En último caso se ha llevado a cabo la intervención de seis centros residenciales en castilla y León, utilizando esta opción cuando el manejo de la situación por la dirección y del personal del centro ha resultado materialmente imposible.

 Sin duda, las circunstancias ocasionadas por esta pandemia han puesto de manifiesto, la necesidad de adoptar medidas que garanticen la correcta atención de nuestros mayores. Para ello, se creará un grupo de trabajo para la realización de una Ley de Atención Residencial en la que entre otros aspectos, se exigirá un mínimo acopio de equipos de protección en función del tamaño de la residencia y el perfil de los usuarios, una mayor exigencia de formación y preparación del personal directivo, se implantará también una herramienta informática que permita conocer en tiempo real los usuarios de los centros y sus características en cuanto a su autonomía personal, el personal de que dispone cada centro tanto en número como de perfiles profesionales y sus incidencias. Esto permitirá conocer la situación de cada centro de manera instantánea e incrementar en caso necesario, el número de inspecciones .En la línea que proponen los expertos se seguirá desarrollando el modelo de las Unidades de Convivencia, así como el uso individual de habitaciones como estrategia, no solo para mejorar el bienestar de las personas, sino también para evitar la propagación de los contagios.

Finalmente, la Consejera puso de manifiesto que en 832 centros, no se ha producido ningún caso por COVID-19, lo que supone que el 73 % de los centros, públicos o privados, grandes o pequeños, han estado “limpios” durante esta pandemia y no han tenido ningún fallecimiento por COVID. De la misma manera, Blanco tuvo un recuerdo para las personas fallecidas y sus familias y destacó que en estos momentos, 692 residentes permanecen ingresados en hospitales y que 1.006 residentes han superado la infección.