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La Junta colabora en las XV jornadas sobre justicia y arquitectura celebradas en Burgos, organizadas por magistrados y arquitectos

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La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo destaca en Burgos la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el urbanismo y avanzar en reformas que impulsen el desarrollo urbano y la vivienda.

14 de noviembre de 2025

Castilla y León | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

La directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, acompañada del delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Sainz, ha clausurado las XV Jornadas 'La especialización de la justicia del siglo XXI. El papel de los arquitectos', organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

En estas jornadas que han reunido a profesionales de la judicatura y de la arquitectura, la directora se ha referido al papel de las administraciones en la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito del urbanismo. Varias ponencias han versado sobre los efectos negativos de la anulación judicial de planes urbanísticos, así como los problemas que pueden causar a terceros las demoliciones en el ámbito del urbanismo.

En este sentido, la directora se ha referido a la necesidad de reformar la actual legislación urbanística estatal y ha recordado que el pasado 31 de enero de 2025 se registró en el Senado un Proyecto de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda, donde se aportan soluciones novedosas que cuentan con el reclamo de jueces y magistrados. La directora ha mencionado esta nueva visión más limitada donde se acota el ejercicio de la acción pública urbanística para evitar su uso abusivo, se plantea la modificación del régimen del silencio en las licencias, se aborda la continuación del procedimiento urbanístico cuando no se obtienen los informes sectoriales y otras muchas cuestiones que, además de proteger la seguridad jurídica, beneficiarían al sector de la vivienda. Un conjunto de medidas que ha calificado de imprescindibles para fortalecer el sector de la construcción en el país y para incentivar la inversión.

Finalmente, se ha referido a la modificación que dicha proposición contiene en materia de ocupación ilegal de viviendas, y ha añadido que “no hay ordenamiento jurídico más inseguro que el que no protege al propietario”.

Para el desarrollo de estas jornadas, la Junta ha aportado una subvención de 14.000 euros al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este.

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