Se extienden a todas las empresas las medidas para ahorrar costes financieros en los contratos con la Administración

Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2011

Castilla y León | Consejería de Economía y Hacienda

El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar las medidas dirigidas a ahorrar costes financieros a las empresas que contratan con la Junta, de modo que dispongan de mayor liquidez. La novedad más importante es que todos los licitadores podrán disfrutar de estas ventajas, y no sólo los de obra pública como hasta ahora. Este acuerdo permite prorrogar a 2011 y 2012 la eliminación de las garantías provisionales en los contratos, se mantiene en un mes el plazo para devolver o cancelar las garantías definitivas y se abre la posibilidad de usar la factura electrónica.

Estas iniciativas se recogen en las llamadas Directrices Vinculantes en materia de Contratación aprobadas esta mañana, que son de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Junta y se aplicarán durante este año y el próximo. Tienen como precedente directo una regulación similar que ha estado vigente en 2009 y 2010, que sin embargo se limitaba a los contratos de obra pública. La principal novedad para 2011 y 2012 es que se extiende al conjunto de las empresas que contratan con el Ejecutivo autonómico, sean del sector que sean.

En segundo lugar, se prorroga la decisión de eliminar las fianzas provisionales en los contratos con la Administración, que equivalen al 3% del presupuesto de licitación de cada obra o servicio. Con ello se evita que las empresas que concursan tengan que pedir un aval por ese importe, que les computa a efectos de endeudamiento. De ahí que, a la ventaja de disponer de mayor liquidez y reducir costes financieros, se suma una mayor facilidad para obtener otros préstamos necesarios para su actividad. La prueba es que en 2009 y 2010 evitó que los contratistas de obra pública tuvieran que depositar garantías por importe de 940,2 millones de euros, lo que les generó un ahorro superior a los 2,3 millones.Por otra parte, la Junta se compromete a mantener en un mes -la mitad de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público- el plazo para acordar la devolución o cancelación de las fianzas definitivas presentadas por los adjudicatarios. Esto les permite recuperar su dinero de manera más rápida, lo que también contribuye a su solvencia.Por último, la regulación introduce la posibilidad de que los adjudicatarios se acojan al sistema de facturación electrónica que está implantando la Junta.Al igual que ocurrió con sus antecesoras, las Directrices Vinculantes de Contratación para 2011 y 2012 cumplen el mandato del grupo de trabajo constituido por la Consejería de Hacienda y la Cámara de Contratistas por iniciativa del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que impulsó su creación con el fin de reducir los costes financieros y mejorar la liquidez de las empresas que prestan servicios o realizan obras para la Administración.