La Junta aprueba el Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad que será remitido mañana a las Cortes regionales

Consejo de Gobierno del 28 de junio de 2012

Castilla y León | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Las más de 161.000 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3%25 de la población castellana y leonesa-, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla están más cerca de contar con una ley integral y transversal que incluya todas las medidas impulsadas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural o social, y a lo largo de todo su ciclo vital.El proyecto de ley, que consta de 76 artículos, no pretende reconocer derechos diferentes para las personas con discapacidad, sino aglutinar en una norma regional todos los derechos establecidos a nivel internacional, nacional o autonómico, y lograr que todos ellos tengan pleno efecto a lo largo del ciclo vital, mediante acciones positivas y un sistema de apoyos y medios específicos para lograr su máxima autonomía personal, su integración sociolaboral, su participación en la sociedad y, en consecuencia, su mayor calidad de vida.Para ello, el nuevo texto legal establece una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas de actuación: salud, educación y formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente. Y para lograr la necesaria planificación coordinada de todas las actuaciones, tanto en el ámbito autonómico, como local y provincial, la Junta se dotará de un nuevo instrumento: un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.La futura ley se asienta en los principios de igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal, la inclusión, la accesibilidad universal, el diálogo de la sociedad, la transversalidad de las políticas y la responsabilidad pública.Medidas que contempla la leyLa nueva norma establecerá medidas de acción positiva en el ámbito de la salud, la formación, el empleo o los servicios sociales, así como actuaciones contra la discriminación, de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación.La ley contempla una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad. Además, prevé actuaciones para promover la salud, prevenir la discapacidad, detectar las situaciones que comportan discapacidades y asegurar la asistencia sanitaria, con especial énfasis en el medio rural.Se plantea una atención educativa específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejoren la calidad de vida, autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar y comunitario. También establecerá mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo. Potenciará la integración en todos los niveles y etapas educativas, la promoción de la Formación Profesional, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios universitarios y el asesoramiento a las familias del alumnado con discapacidad.Para lograr la inserción laboral una vez concluida la etapa educativa, la ley recoge la elaboración de un programa integral de empleo, que contemple el acceso al empleo principalmente ordinario, y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales. Junto a esto, se prevén planes de igualdad para las personas con discapacidad en las empresas, estableciendo medidas de fomento especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, así como la orientación, formación y apoyo para el empleo.El sector de la discapacidad se ha convertido ya en generador de empleo y, por tanto, de crecimiento económico. Prueba de ello es que la Junta de Castilla y León ha apoyado desde 2007 a 2011 la creación de 921 puestos de trabajo para personas con discapacidad.El nuevo texto legal se centra en una atención personalizada mediante la valoración del conjunto de las necesidades que presente y la planificación de caso e individualización de la intervención.Los niños con discapacidad o con riesgo de padecerla contarán con atención temprana, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención de casos. Se apoyará a las personas con discapacidad sobrevenida y las familias y personas cuidadoras recibirán apoyo. Además se impulsarán medidas que favorezcan la conciliación en las familias en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad.Otra de las medidas incluidas en el texto legal tiene que ver con actividades de sensibilización e información dirigidas a la transformación cultural del conjunto de la sociedad castellana y leonesa en clave de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Se luchará contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas discriminatorias, y se promoverá la igualdad de las personas con discapacidad en los medios de comunicación social.Se impulsará una política de gestión integral de la accesibilidad universal, que comprenderá la accesibilidad en el entorno (regulando expresamente la utilización de animales de asistencia y de terapia), en la vivienda, en el transporte, la comunicación, nuevas tecnologías y sociedad de la información.La ley persigue la participación de la iniciativa social en las políticas para las personas con discapacidad, así como la participación de la iniciativa privada en la gestión y provisión de prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.La discapacidad, en cifrasEn 2011 había 161.183 personas con discapacidad en Castilla y León, de las cuales, el 49%25 eran mujeres y el 51%25 eran hombres. La prevalencia de la discapacidad sobre el total de su población es del 6,30%25, afectando especialmente a las personas entre 55 y 84 años, con un índice superior al 8%25.Las características de la población de Castilla y León -baja densidad demográfica debido a su extenso territorio, concentración en núcleos urbanos y consiguiente despoblación y dispersión en el ámbito rural- ha planteado la necesidad de idear y desarrollar prestaciones y recursos adecuados a la demanda de las personas con discapacidad que viven en estas zonas, sin perder de vista la necesidad de optimizar y racionalizar al máximo los recursos existentes. De hecho, cerca de la mitad de las personas con discapacidad viven en entornos rurales -el 45%25-.Además, el grupo de personas con discapacidad se caracteriza por su heterogeneidad, con necesidades específicas de apoyo en función de la problemática concreta que, en cada caso, impliquen las limitaciones en su actividad y participación.Todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos y, por tanto, necesidades diferentes. El 58,05%25 de las personas con discapacidad presentan una discapacidad física, el 14,65%25 una discapacidad por enfermedad mental, el 11,72%25 son personas con discapacidad intelectual, el 8,81%25 presentan una discapacidad visual y el 6,76%25 una discapacidad auditiva.Castilla y León dispone de una red para personas con discapacidad formada por 489 centros -308 Residencias y viviendas y 181 Centros Ocupacionales y de Día- que ofrecen 14.437 plazas -5.924 en Residencias y 8.513 en Centros Ocupacionales y de Día-. Esta oferta se ha incrementado en un 21%25 respecto al número de plazas existentes en 2007, es decir 2.519 plazas más -1.032 en residencias y 1.487 en centros ocupacionales o de día-.