La Junta aprueba un Decreto-Ley que modifica 20 leyes autonómicas para facilitar el establecimiento y la prestación de servicios y generar empleo

Estas medidas liberalizadoras facilitarán el establecimiento y la libre prestación de servicios en Castilla y León gracias a la eliminación de barreras que restringen la puesta en marcha de servicios o que dificultan los nuevos proyectos generadores de empleo. Con estas medidas, que incorporan reformas legales, el Gobierno autonómico prevé impulsar la creación de riqueza en la Comunidad, la generación de puestos de trabajo y la puesta en marcha de nuevos negocios, al introducir una importante simplificación en los trámites administrativos. Las estimaciones de la Junta apuntan a que la entrada en vigor de los cambios contenidos en el Decreto-Ley elevará el PIB de la Comunidad en un 1,1% durante los próximos tres años y permitirá la creación de entre 7.000 y 9.500 puestos de trabajo.

El Decreto-Ley se estructura en torno a un preámbulo, seis títulos con 21 artículos, seis disposiciones adicionales, tres de carácter transitorio, una derogatoria y otras tres finales.Las 20 leyes sectoriales modificadas corresponden a las doce consejerías y con los cambios aplicados buscan la liberalización y la simplificación a la hora de que los ciudadanos pongan en marcha empresas o servicios. En muchos casos lo que se hace con esta transposición es sustituir la autorización administrativa para poner en marcha un negocio o prestar algún tipo de servicio por una declaración responsable del ciudadano lo que simplifica los trámites y agiliza los plazos.

Así, en el terreno comercial, se suprime la segunda licencia, o licencia de actividad, para la instalación de establecimientos que tengan una superficie de venta al público menor de 2.500 m2. También se simplifica el proceso para los casos de transmisión de un gran establecimiento comercial, en determinadas ampliaciones de las grandes superficies o en las integraciones en establecimientos comerciales colectivos al sustituir la licencia comercial por una comunicación previa.

Esta modificación es aplicable tanto a los establecimientos como a quienes prestan servicios de este tipo establecidos, incluso, en otras comunidades o estados miembros. Así, los empresarios interesados en abrir un negocio turístico podrán hacerlo de forma inmediata con una declaración responsable, lo que simplifica los trámites administrativos que se aplicaban hasta el momento, de modo que se ahorran trámites que podían extenderse hasta seis meses. De la misma manera y en relación con las agencias de viajes, se elimina el requisitode la autorización previa para su establecimiento y se eliminan las incompatibilidades para realizar prestar otros tipos de actividades relacionadas con el turismo en estos establecimientos.

Otras modificaciones implican novedades en aspectos relacionados con el medioambiente. Así, en el caso de las actividades que hasta ahora estaban sujetas a licencia y autorización ambiental se ha sustituido la autorización de puesta en marcha por una comunicación previa de inicio de actividad. Tampoco será necesario realizar, de manera obligatoria, auditorias medioambientales ni será preceptivo que quienes elaboren estudios de evaluación de impacto ambiental cuenten con una homologación previa emitida por la Junta. Muchas de estas modificaciones legislativas llevan implícita la reducción de trámites administrativos o el cambio en las fórmulas que hasta ahora los ciudadanos debían emplear para relacionarse con la Administración.

La Directiva de Servicios 2006/123/CE entró en vigor a finales de 2006 y ha contado con un período de trasposición de tres años. En nuestro país, el Gobierno central ha afrontado el proceso de transposición de la Directiva con la aprobación de tres normas. De forma paralela, la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de la Presidencia, ha coordinado a lo largo de los últimos 18 meses todo el procedimiento para realizar estas modificaciones legales y administrativas. Para ello se han mantenido más de una docena de reuniones con todos los departamentos del Ejecutivo autonómico cuya implicación ha sido esencial para presentar este Decreto-Ley.

Cabe destacar que el sector servicios es el más importante, desde un punto de vista cuantitativo en el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León y representa el 60% del total.

Economía
El Consejo de Gobierno ha aprobado 8.859.500 euros en subvenciones, ya concedidas, en el marco de las políticas de apoyo al sector de la automoción, que han permitido a 11.645 compradores de turismos y vehículos industriales menores de 3,5 Toneladas recibir 500 euros, incrementar en 3.000.000 euros la cuantía del convenio suscrito entre la ADE y FITSA en julio de 2009 para la compra de vehículos, así como conceder ayudas a la compra de los vehículos industriales de entre 3.500 y 6.500 Kg. que estarán subvencionados de forma unilateral por la Junta de Castilla y León, algo que no ha ocurrido en ninguna otra Comunidad Autónoma, con un total de 37.000 euros. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 5.137.719 euros para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de control de tensión y de limpieza de márgenes en líneas eléctricas.

Otros acuerdos
El Consejo de Gobierno ha aprobado también otros acuerdos entre los que destacan la información del consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre el anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, que será aprobado el próximo mes de enero; la aprobación de una subvención de 390.000 euros al ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca) para la reforma y adaptación de un edificio que albergará un centro de día para personas mayores con unidad de atención social, la creación del Centro de Educación obligatoria (CEO) de la localidad zamorana de Coreses por transformación del actual Centro Rural Agrupado, una inversión de 3.603.981 euros para la realización de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento en la provincia de Palencia, y una subvención al ayuntamiento de Guijuelo por importe de 300.000 euros para la realización de obras de abastecimiento en la localidad salmantina.