El Consejo Audiovisual tendrá facultades para dinamizar el sector

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El proyecto de Ley regula las funciones del Consejo y los aspectos básicos de su organización y funcionamiento. La finalidad principal del Consejo Audiovisual es la promoción del respeto a los derechos, valores y libertades constitucionales y estatutarios así como el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. No se trata, por tanto, de un órgano fiscalizador de contenidos y tampoco tiene competencias para sancionar o conceder licencias.

El Consejo Audiovisual de Castilla y León ejercerá cuatro funciones básicas que son las de conocer y atender las quejas y sugerencias de los ciudadanos en la materia; emitir informes de oficio o a solicitud de las Cortes, la Junta, las entidades locales o los agentes del sector; informar con carácter preceptivo y no vinculante sobre los proyectos normativos del sector audiovisual y sobre los pliegos de concesión de servicios de televisión y radio y, por último, promover iniciativas para impulsar y dinamizar el sector.

En cuanto a su composición, está integrado por ocho miembros, de los que seis serán elegidos por las Cortes mediante mayoría de 3/5 y otros dos quedarán designados por el Gobierno. Su presidente será elegido por el propio Consejo de entre las personas que lo componen. El mandato para todos ellos es de cinco años y sólo podrán ser reelegidos una vez. Deberán cumplir el requisito de ser personas de reconocido prestigio en el ámbito de la comunicación, la cultura o la universidad.

Hay que destacar que la tramitación de este proyecto de ley ha estado caracterizada por la participación que, desde la Consejería, se ha dado a todos aquellos colectivos a quienes incumbe; se han mantenido encuentros con los grupos políticos, los responsables de los otros consejos audiovisuales existentes en España, expertos de las universidades de Castilla y León, responsables de empresas audiovisuales y profesionales del sector, las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y con los directores de los medios de comunicación de la Comunidad. Las ideas y sugerencias que han aportado se han tenido en cuenta para enriquecer el texto aprobado hoy y que, en esencia, es una ley sencilla, organizada en ocho artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y otra final. De entre todas las sugerencias incorporadas al proyecto, destacan las que permitirán al Consejo Audiovisual de Castilla y León convertirse en un organismo de referencia para el impulso y la dinamización del sector en nuestra Comunidad.

Su ámbito de actuación será el de los medios gestionados por la Administración (si estos existieran), aquellos que tengan una licencia concedida por el Ejecutivo autonómico, los que tengan un ámbito de cobertura que no sobrepase los límites de la Comunidad, y en el caso de quienes lo sobrepasen se actuará en aquellas desconexiones destinadas al territorio de Castilla y León.

Con el acuerdo aprobado hoy, se da cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, que determina que la Junta ha de remitir a las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley a través del cual se cree el Consejo Audiovisual de Castilla y León, como órgano independiente de las instituciones, empresas, agentes y entidades directamente relacionadas con el sector. Con él se ejercitala competencia prevista en el artículo 70.1.31º del Estatuto de Autonomía, que reconoce a la Comunidad competencia exclusiva en materia de industria cinematográfica y audiovisual. Una vez aprobado por las Cortes, derogará el Decreto Legislativo 1/1989, de 4 de mayo, que regula el Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Castilla y León, si bien, este órgano vinculado a la Corporación pública seguirá funcionando hasta el final de la legislatura.

Familia
En materia de familia el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León, que supondrá la incorporación de la perspectiva de género a todas las leyes, disposiciones administrativas y planes de especial relevancia económica y social cuya aprobación corresponda a la Junta de Castilla y León.

El proyecto, que da cumplimiento a un compromiso de legislatura, establece la realización de un informe previo sobre la evaluación del impacto de género en todas las leyes, disposiciones y planes citados. El informe analizará la situación inicial de las mujeres y los hombres en el ámbito al que se refiera la norma o el plan, incluyendo obligatoriamente los datos desagregados por sexo. También deberá describir y analizar las medidas que la norma o el plan incluya en su articulado para neutralizar las posibles desigualdades detectadas. Finalmente, el informe abordará las consecuencias de la norma o el plan en lo que respecta a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La perspectiva de género es un instrumento básico para el desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 14.2 que los poderes públicos garantizarán la transversalidad del principio de igualdad de género en todas sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Cultura
Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado una aportación de 200.000 euros al Consorcio del Palacio de Congresos de Castilla y León, en Salamanca, que se destinarán a financiar actividades culturales, exposiciones, congresos y convenciones.""

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