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Aprobados los decretos por los que se crean los órganos de participación que fija la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los decretos por los que se crean los tres órganos de participación que fija la Ley de Servicios Sociales y que pretenden elevar el grado de colaboración de la sociedad. Nacen así el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales y el Comité Consultivo de Atención a la Dependencia.

Consejo de Gobierno del 13 de diciembre de 2012

Castilla y León | Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

La creación de estos tres órganos viene a dar cumplimiento a uno de los preceptos de la Ley de Servicios Sociales. Con su creación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende fomentar y asegurar la participación de todos los agentes que conforman el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León en la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación de los Servicios Sociales. El objetivo es contribuir, entre todos, a que el sistema de Castilla y León continúe siendo una referencia a nivel nacional.

El Consejo de Servicios Sociales nace como el máximo órgano de participación, asesoramiento, consulta y propuesta en materia de Servicios Sociales de Castilla y León. Su principal objetivo es articular la participación ciudadana y la de los agentes que formen parte de los Servicios Sociales, así como contribuir al mejor desarrollo, calidad y eficacia de las acciones previstas en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad.

Entre sus funciones figura la de asesorar y realizar propuestas sobre normativa en materia de Servicios Sociales, formular propuestas y asesorar en la planificación autonómica o plantear iniciativas para mejorar los Servicios Sociales en la Comunidad.

Este Consejo, que funcionará en Pleno o en Comisión Permanente, estará integrado por 63 miembros de las Administraciones Públicas –autonómica, local y estatal- y por entidades privadas de iniciativa social, como colegios profesionales, representantes del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Protección a la Infancia, Personas Mayores, Mujer, Inclusión Social, Cruz Roja, Cáritas, además de organizaciones empresariales y sindicatos, Juventud, Voluntariado, Organizaciones de Consumidores y Usuarios, y Asociaciones de Vecinos.

Por su parte, el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales será el órgano asesor, de composición mixta, para la coordinación de la acción de la Administración de la Comunidad y de las entidades locales competentes en materia de Servicios Sociales. Su finalidad será favorecer la colaboración y coordinación de la actividad que desarrollan las administraciones públicas en esta materia, con el objetivo de garantizar el funcionamiento integrado del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Se trata de buscar la coherencia, la complementariedad de las actuaciones y la equidad territorial.

Este órgano lo formarán representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, los presidentes de las nueve diputaciones provinciales y los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes. Sus principales funciones serán compartir información, articular procedimientos de consulta, gestión y decisión, prestarse colaboración mutua.

El Comité Consultivo de Atención a la Dependencia se constituirá como un órgano asesor sobre el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que tratará de hacer efectiva, de forma permanente, la participación activa de las entidades locales y de las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad.

Se encargará principalmente de asesorar y formular propuestas sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema de dependencia, sobre la planificación general de los Servicios Sociales y el establecimiento de criterios de calidad.

El Consejo tendrá una composición tripartita: Administración autonómica, a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales; la Administración local, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y los agentes sociales, a través de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.