El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de la Plataforma de Facturación Electrónica, que permitirá que los proveedores de la Junta elaboren y envíen sus documentos de cobro por Internet. Este servicio, que estará en marcha en febrero, ahorrará en torno a 1,4 millones al año a las empresas, mejorará el control y agilizará los pagos, en la medida en que elimina burocracia.
Consejo de Gobierno del 24 de enero de 2013
Castilla y León |
Consejería de Economía y Hacienda
La Junta de Castilla y León tramitó 505.675 facturas en 2012, que llegaron en papel a sus oficinas remitidas por los profesionales y empresarios que contrataron bienes o servicios con el Ejecutivo autonómico. Se trata de una cifra elevada que implica un importante volumen de trabajo para los empleados públicos, puesto que es preceptivo grabar el contenido de cada uno de esos impresos en un registro oficial. Los proveedores, por su parte, se ven obligados a entregar personalmente o enviar por correo postal sus documentos de cobro, con el consiguiente coste en tiempo y dinero.
Lo novedoso de la plataforma es que bastará con que los empresarios dispongan de conexión a Internet para que no sólo puedan enviar telemáticamente las facturas, sino también confeccionarlas ‘on-line’ en la misma página de la Junta. Esto redundará en una mayor eficiencia de la Administración regional y al tiempo agilizará la tramitación, en línea con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La principal ventaja del sistema, sin embargo, es el ahorro que supone para las compañías suministradoras. Se estima en 2,85 euros por factura, de acuerdo con el Modelo de Coste Estándar de la UE. Este método de medición, compartido por todas las administraciones públicas españolas, consiste en asignar una valoración económica fija a cada medida de reducción o eliminación de la burocracia. Esto supone que en un año tipo como 2012, en el que se gestionaron más de medio millón de documentos de acreedores, los proveedores economizarían 1,44 millones de euros.
El acceso al sistema podrá efectuarse tanto desde el Portal de Contratación como desde la sede electrónica de la Junta (www.tramitacastillayleon.jcyl.es), que dispone de un icono propio en la portada de la página web del Gobierno autonómico. Para que el servicio esté operativo resta únicamente la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad –prevista para la primera quincena de febrero– de la orden de desarrollo que delimitará los aspectos concretos de funcionamiento.
Sin coste adicional para las arcas autonómicas
Conviene destacar que la creación de la Plataforma de Facturación Electrónica se ha efectuado sin que haya supuesto ningún coste adicional para la Junta. Esto ha sido posible debido a que el desarrollo tecnológico se ha efectuado con cargo al contrato de mantenimiento del Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL).
Su implantación se acomoda al formato estándar Factura-e, lo que garantiza los intercambios con otras administraciones públicas si fuera necesario.
La Consejería de Hacienda ha contemplado asimismo la posibilidad de que las entidades locales deseen aprovechar los beneficios que implica la Plataforma de Facturación Electrónica. Para ello únicamente será necesario que firmen un convenio de colaboración con la Administración autonómica, al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Un ejemplo de ello es la cesión gratuita de la tecnología de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), que hace posible el pago de tributos por Internet.
Nueva regulación del Registro de Documentos a Pagar
Coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la plataforma se ha elaborado un nuevo decreto regulador del Registro de Documentos a Pagar, que también se ha aprobado esta mañana y deroga el que estaba vigente desde 1996. La inscripción en esta herramienta es un requisito indispensable para poder tramitar y abonar las facturas.
Todos estos cambios legislativos permitirán ejercer un control más eficaz sobre las facturas. De hecho, gracias a ellos será más fácil conocer en todo momento cuántas están presentadas al cobro y detalles como el importe y la identidad del acreedor; las fechas de expedición y entrada en los registros administrativos; la entidad u organismo destinatario; el centro gestor del gasto, y otros datos presupuestarios de interés.
