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El Consejo de Gobierno aprueba subvenciones por importe de 14.000 euros a dos entidades jurídicas

La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid y la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia recibirán 8.000 y 6.000 euros, respectivamente, en concepto de subvención directa de la Junta de Castilla y León.

Consejo de Gobierno del 24 de mayo de 2018

Castilla y León | Consejería de la Presidencia

El Consejo de Gobierno ha acordado, esta mañana, conceder 8.000 euros a la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid. La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid fue creada en el año 1981, goza de plena personalidad jurídica y autonomía y desarrolla su actividad ajena a toda organización profesional.

De conformidad con lo establecido en sus estatutos, la Real Academia tiene como fin primordial la indagación, propagación y conservación de la ciencia del derecho en sí misma y sus relaciones con los demás conocimientos humanos. Sus objetivos fundamentales son el fomento del progreso del derecho como ciencia y como arte, de la cultura jurídica y de las reformas y perfeccionamiento de la legislación española en su conjunto y del Derecho Internacional.

La subvención autorizada hoy por la Junta tiene como objeto apoyar el desarrollo de las actividades de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid durante 2018.

Asociación Juezas y Jueces para la Democracia

La Junta ha acordado conceder 6.000 euros a la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia que desarrolla hoy y mañana, en León, su 33º Congreso Estatal con el lema ‘Libertades Fundamentales en una Sociedad Democrática’. El destino de esta cuantía es apoyar el desarrollo de sus actividades durante 2018.

Es una asociación profesional de jueces y magistrados, inscrita en el Consejo General del Poder Judicial y de ámbito nacional.

Entre los fines de la asociación destacan la promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que la Constitución proclama para reforzar el estado social y democrático de derecho, la defensa de los derechos humanos universalmente conocidos, la realización de actividades encaminados a la mejora del servicio de la justicia y a lograr una Administración de Justicia más próxima a los ciudadanos y la defensa de los intereses profesionales de sus asociados.