Aprobados 5,8 M € para la renovación de derechos para el uso de servicios informáticos

Consejo de Gobierno del 4 de junio de 2020

Castilla y León | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

El objeto del contrato comprende la actualización de las licencias de software relativas a productos suministrados por esta multinacional, principalmente herramientas de ofimática, correo electrónico, gestión compartida de recursos de red, gestión del puesto, gestión de usuarios, control de acceso a recursos de red, y plataformas colaborativas.

El contrato también incluye la renovación de los servicios de soporte avanzado que presta Microsoft a la Junta de Castilla y León para garantizar una adecuada cobertura en caso de incidencias o problemas técnicos; atiende de manera especial a las necesidades de seguridad de esta administración y apuesta por las soluciones ‘en la nube’, que, entre otras ventajas, facilitan el trabajo en movilidad.

Este contrato, que permitirá desarrollar su trabajo diario a más de 16.000 trabajadores de la Administración de la Comunidad, sustituirá al actualmente vigente, cuya finalización se prevé en el último trimestre del presente año, y tendrá una duración de 36 meses, durante los cuales el fabricante facilitará a la Junta todas las actualizaciones de sus productos. 

Para la Junta de Castilla y León los productos de Microsoft son esenciales en la configuración de los servicios de acceso remoto al puesto de trabajo que, desde el comienzo de la crisis sanitaria, utilizan masivamente los empleados públicos para realizar su trabajo de forma no presencial.

La contratación está justificada especialmente en las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, en las que resulta más acuciante que nunca asegurar la continuidad de los servicios públicos, y las herramientas ofimáticas de calidad desempeñan un papel relevante en los críticos momentos inmediatamente posteriores a la finalización del estado de alarma.

Los productos de Microsoft son esenciales en la configuración de los servicios de acceso remoto al puesto de trabajo que, desde el comienzo de la crisis, utilizan masivamente los empleados públicos para realizar su trabajo de forma no presencial.