El Consejo de Gobierno ha aprobado, a iniciativa de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, este plan cuyas finalidades son, entre otras, que los servicios públicos se gestionen con la máxima eficacia y eficiencia y de conformidad con las demandas de la ciudadanía de Castilla y León, fortalecer la ética y la integridad en la actuación pública, impulsar la transparencia en las actuaciones de la Inspección General de Servicios y fomentar la innovación continua en la metodología y la organización interna de su trabajo. El plan que se aprueba hoy incluye 13 auditorías ordinarias, y actuaciones de inspección.
Consejo de Gobierno del 16 de diciembre de 2021
Castilla y León |
La Inspección General de Servicios, dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, desempeña su labor con dos competencias principales: por un lado, evaluar los programas, estructuras, procesos, procedimientos, actividades y recursos humanos y materiales en orden a lograr una mayor calidad en los servicios públicos que se prestan, así como una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos; y por otro, vigilar y comprobar que las actuaciones del personal y la prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adecuan a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables en cada caso. Todo ello se desarrolla mediante la realización de auditorías e inspecciones.
Las auditorías ordinarias se realizan de forma planificada a lo largo del año conforme al Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios, en el que, además, se incluirán el resto de las actuaciones a realizar por la Inspección General de Servicios. Las extraordinarias se realizan de oficio o a instancia de las secretarias generales u órganos equivalentes de los organismos autónomos, y de las delegaciones territoriales sobre órganos o unidades de ellos dependientes, fuera de la planificación ordinaria.
La relación de las 13 auditorías ordinarias abarcan la función pública; el cumplimiento del criterio de autorización del organismo pagador financiado por los fondos europeos agrícolas; el coste de los servicios, actividades o prestaciones vinculadas a tasas y precios públicos; y los planes, los programas y las actuaciones públicas.
Sobre función pública las dos auditorías previstas son el análisis de la gestión del régimen de incompatibilidades durante el año 2021: control de las resoluciones denegatorias; y el control de veracidad de las declaraciones responsables en el procedimiento de compatibilidad. En relación con el cumplimiento del criterio de autorización del organismo pagador financiado por los fondos europeos agrícolas, se realizarán dos informes: sobre el grado de adecuación del Organismo Pagador de los fondos europeos agrícolas a los criterios de autorización durante el ejercicio 2021 y otro relativo a la supervisión continua del Organismo Pagador de los fondos europeos agrícolas (2019-2021). En materia de coste de los servicios, actividades o prestaciones vinculadas a tasas y precios públicos se realizarán tres evaluaciones. Analizarán el coste de los servicios vinculados a la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados; por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos; el coste de los servicios vinculados a los precios públicos para la prestación directa por la Administración de la Comunidad de Castilla y León del servicio de visita a los museos de titularidad estatal gestionados por la Comunidad de Castilla y León, así como a sus anexos y filiales.
Finalmente, esa relación de auditorías ordinarias se completa con seis vinculadas con planes, programas y actuaciones públicas: evaluación del cumplimiento del Acuerdo de 25 de marzo de 2021, por el que se aprueban medidas para la efectiva aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas; auditoría del Catálogo de información pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado mediante Orden TRA/599/2021, de 12 de mayo; auditoría sobre el procedimiento para la concesión de subvenciones cofinanciadas con el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de las PYME de la Comunidad de Castilla y León; auditoría sobre la evaluación de la asignación de recursos humanos y materiales de las Oficinas de Empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León; auditoría sobre la gestión de solicitudes de acceso a la información pública en las consejerías; y auditoría del Plan de Gestión de Conflictos y Mediación aprobado mediante Orden SAN/1032/2017, de 9 de noviembre y del procedimiento PEA GRS SST 15 de Mediación interna en centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud.
Las auditorías de carácter extraordinario que puedan realizarse se acordarán por el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, a propuesta de la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, previo informe favorable de la Inspección General de Servicios. Se realizarán de oficio o a instancia de las secretarías generales u órganos equivalentes de los organismos autónomos y de las delegaciones territoriales sobre los órganos o unidades de ellos dependientes.
Actuaciones de inspección y de otro tipo
La Inspección General de Servicios, cuando tenga conocimiento de una conducta presuntamente ilícita por parte de los empleados públicos o de una actuación presuntamente irregular en el ámbito administrativo, iniciará la correspondiente actuación de inspección, que investigará la posible existencia de anomalías, disfunciones, irregularidades o infracciones a la legalidad vigente. Como resultado de tal inspección se elaborará el oportuno informe, en el que se realizarán las recomendaciones y propuestas pertinentes en orden a la corrección de las anomalías detectadas y a la exigencia, en su caso, de una posible responsabilidad disciplinaria. En estos casos, tales actuaciones de inspección se iniciarán de oficio o a instancia de las secretarías generales u órganos equivalentes de los organismos autónomos y de las delegaciones territoriales, sobre los órganos o unidades de ellas dependientes. Y también podrán iniciarse como consecuencia de denuncias de la ciudadanía.
Por último, en el plan previsto para el año 2022 también se incorporan otros tipos de actuaciones. Impulsar la tramitación y aprobación de la normativa reguladora de la Inspección General de Servicios así como continuar con el desarrollo del mapa de procesos de la Inspección General de Servicios son dos de ellas. De manera adicional se recoge la actualización continua de los contenidos de la información relativa a la Inspección General de Servicios en la página web de la Junta de Castilla y León; la publicidad de las principales conclusiones y recomendaciones realizadas en las auditorías; el seguimiento periódico del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes emitidos por la Inspección General de Servicios así como la publicación de la Memoria anual de la Inspección General de Servicios.
