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La Junta aprueba un Decreto Ley por el que se establece la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León

La aplicación tendrá efecto desde el día 1 de junio, excepto en el sector educativo, que será efectiva el 1 de septiembre, con el inicio del curso escolar 2023/2024, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan.

Consejo de Gobierno del 30 de marzo de 2023

Castilla y León | Consejería de la Presidencia

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto Ley por el que se establece la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Se mantiene la posibilidad de la jornada de dedicación especial de duración superior en los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación.

La Junta de Castilla y León cumple así con el Acuerdo con las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CCOO) firmado el 29 de octubre de 2015, en el que se pactó recuperar la jornada de 35 horas a partir del 1 de junio de 2019.

El Decreto Ley se aprueba previa negociación colectiva, habiendo obtenido el voto favorable unánime de todas las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de la negociación (CSIF,UGT,CCOO y TISCyL).

Establecida la jornada de 35 horas semanales, se procede también a efectuar la correspondiente regulación de la jornada y la adaptación del horario de las dependencias administrativas.

Para ello, se modifica del Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, salvando el rango reglamentario de esta modificación.

También se regulan las necesarias particularidades de los sectores educativo y sanitario.

La jornada de 35 horas supondrá un indudable beneficio para los empleados públicos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Esta medida en ningún caso supondrá una merma en la calidad de la prestación de los servicios públicos y con ella se contribuirá a la creación de empleo.