El Decreto aprobado hoy en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de la Presidencia dota a la Administración Pública Autonómica de un mecanismo de evaluación de dichas políticas, como instrumento innovador para mejorar en la prestación de servicios.
Consejo de Gobierno del 28 de septiembre de 2023
Castilla y León |
Consejería de la Presidencia
La Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto por el que se regula la aplicación de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El objetivo de esta nueva norma es contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que presta la Administración Autonómica, así como a la eficiencia de la comunicación y transparencia con el ciudadano.
Casi todas las políticas públicas que pone en marcha la Junta de Castilla y León en los diferentes sectores y materias en los que es competente se articulan de forma planificada, aprobando planes, estrategias o programas que tienen una duración anual, bianual o de más años, y en los que se contemplan las medidas concretas que se van a implantar y los objetivos que se persiguen con las mismas.
Ahora, con este sistema de evaluación se conocerá en qué medida se han logrado los fines pretendidos. Además, dado que estas evaluaciones tendrán carácter público, cualquier persona será capaz de comprobar cuáles de los planes implantados por la Junta responden correctamente a los objetivos marcados, y cuáles necesitan de una revisión para ser verdaderamente útiles para los castellanos y leoneses.
Con el Decreto aprobado, se implica a todas las Consejerías, a los Organismos Autónomos y a los Entes Públicos de Derecho Privado de la Administración Autonómica, quienes tendrán que analizar sus planes ya aprobados con vistas a la evaluación que corresponda. Además, deberán tener esta previsión para futuros planes y programas que vayan a ser propuestos para aprobación por la Junta de Castilla y León.
El nuevo Decreto, aprobado en Consejo de Gobierno, supone el desarrollo de la Ley de 2010 de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que representa la base legal necesaria para aplicar un sistema de evaluación de las políticas públicas. Lo que viene a hacer el Decreto es establecer un reglamento en el que se indica quien debe realizar las evaluaciones y cuál será el procedimiento para llevar a cabo dicha evaluación.
Serán determinados empleados públicos especializados los que estarán implicados en el proceso. Es decir, se aprovecha la estructura administrativa existente, y se evita así el gasto que supondría la creación de un organismo específico creado al efecto o la intervención de otras entidades externas y ajenas. La Junta de Castilla y León considera que no hay nadie mejor que sus propios empleados, que son los que conocen en mayor medida las competencias y servicios que gestionan para evaluar las medidas adoptadas y sus resultados, detectando los márgenes de mejora y, en definitiva, ayudando a que la Administración Autonómica cumpla con lo que el ciudadano espera de ella en esas materias. Para ello, se incorporarán a los planes de formación jornadas especializadas para ellos, con el objetivo de extender la cultura evaluativa en el personal.
Esta visión es compartida por entidades independientes a las que la Junta de Castilla y León ha consultado en el proceso de redacción de este reglamento. No obstante, si en algún momento, por razones de su complejidad o volumen, fuera necesaria la intervención de una entidad externa especializada, el Decreto aprobado también reconoce esta posibilidad, que será en todo caso tratada como una excepción.
Un procedimiento común para la evaluación y la publicidad
Todos los planes sujetos a evaluación necesitarán un llamado ‘análisis de evaluabilidad’, que se llevará a cabo con carácter previo a su aprobación, y que será supervisado por la Consejería de la Presidencia. Este análisis permitirá valorar si el plan cuenta con los elementos necesarios para su seguimiento y posterior evaluación.
Realizado el informe preceptivo, el plan será sometido a una ‘evaluación ex ante’, es decir, realizada en la fase del diseño de plan, siempre con anterioridad al inicio de la intervención pública, para analizar los resultados que se esperan con la aplicación de dicho plan. Una vez que la vigencia del plan llegue a su fin, se realizará la ‘evaluación ex post’, que servirá para comparar esos resultados esperados con los realmente alcanzados. En el caso de planes cuya vigencia se extienda a un periodo superior a cuatro años, además se realizará una ‘evaluación intermedia’ durante su periodo de vigencia.
Desde la Consejería de la Presidencia no solo se supervisarán los análisis de evaluabilidad, sino que también se proporcionarán guías metodológicas y se contrastarán las evaluaciones realizadas para verificar el seguimiento de la metodología y sus objetivos.
El Decreto contempla un Registro de Evaluaciones de Políticas Públicas, que contendrá la información del contenido de cada plan, su análisis de evaluabilidad, los informes de evaluación que se realicen y las recomendaciones que se formulen. Este Registro, cuya gestión corresponde también a la Consejería de la Presidencia, será de acceso público desde el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.
Mediante la evaluación, se pretende hacer de la crítica constructiva un elemento de mejora continua de los servicios prestados, evitando así la autocomplacencia y el inmovilismo. Pese a la potencial aparición de resultados no siempre del todo positivos en la evaluación de algunas de las medidas contenidas en algún plan, estrategia o programa, la Administración Autonómica privilegia con valentía su ambición de servicio al ciudadano por encima de cualquier otro interés, procurando que dichos resultados constituyan siempre un punto de partida para seguir mejorando, y no para ser utilizados como posible crítica política.
