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Autorizada la formalización del programa Rehabitare para alquiler social en el medio rural en todas las provincias con más de 9 millones de inversión

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El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la formalización de convenios con las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad para la rehabilitación de en torno a 100 viviendas en el medio rural para alquiler social. Esta iniciativa, enmarcada en el programa Rehabitare, contará con una inversión conjunta de 9,1 millones de euros, financiados al 50 % entre la Junta y cada una de las diputaciones provinciales.

Consejo de Gobierno del 30 de abril de 2025

Castilla y León | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, la formalización de convenios con las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora para la rehabilitación de inmuebles o viviendas en el medio rural para destinarlas al alquiler social e integrarlas en el parque público de viviendas. La inversión global es de 9.152.000 euros, financiados al 50 % entre la Junta y cada una de las diputaciones provinciales, lo que permitirá rehabilitar en torno a 100 viviendas.

El programa Rehabitare se puso en marcha en el año 2009 con ayuntamientos, en 2018 con obispados y en 2020 con diputaciones provinciales. A través de esta iniciativa, la Junta se compromete a actuar como órgano de contratación de todas las actuaciones que requiera la rehabilitación de los inmuebles o viviendas seleccionadas. Por su parte, las diputaciones provinciales se comprometen a prestare el apoyo y coordinación necesaria con los municipios para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de inmuebles o viviendas en la provincia. Además, tanto Junta como diputaciones se comprometen a financiar las actuaciones de rehabilitación en los términos y porcentajes establecidos.

La Comisión de Seguimiento seleccionará las actuaciones atendiendo a los siguientes criterios:

  • El inmueble debe ser de titularidad municipal.
  • Los municipios deben tener menos de 5.000 habitantes y deberá haber demanda de viviendas en alquiler.
  • El coste total de la rehabilitación no podrá superar los 80.000 euros por vivienda.