La Junta de Castilla y León, el Ministerio de Vivienda y los agentes sociales y económicos logran el primer gran acuerdo en España para la conversión del stock de viviendas libres en protegidas

8 de marzo de 2010

Castilla y León |

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presidido esta mañana el acto de firma del acuerdo de colaboración para la conversión del stock de viviendas libres en protegidas con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y con los representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Confederación Castellano-leonesa de la Construcción, las entidades financieras, el Colegio de Notarios de la Comunidad, el Decanato de Registradores de la Propiedad y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León. Este acuerdo tiene como principal objetivo dar salida al stock de viviendas inmovilizadas en el mercado y favorecer el acceso a la vivienda de las familias que más lo necesitan en nuestra Comunidad.

El acuerdo rubricado esta mañana en Valladolid es el primero de estas características que se produce en España. Aunque existen experiencias en otras Comunidades Autónomas, Castilla y León es la primera Comunidad en España que consigue reunir a todas las partes implicadas en un único convenio de colaboración que plasma la voluntad común de concertación en materia de política de vivienda. Mediante este pacto de colaboración se manifiesta el compromiso de todas las partes por estimular la economía, impulsar la salida al mercado del stock de viviendas libres mediante su conversión en viviendas protegidas y favorecer el acceso a la vivienda de las familias de Castilla y León.

FACILITAR LA SALIDA AL MERCADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES PENDIENTES DE VENTA E INCREMENTAR LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS MEDIANTE LA CONCERTACIÓN POLÍTICA
Antecedentes
La situación de crisis que afecta a la economía en general y al sector inmobiliario en particular tiene como una de sus principales consecuencias un notable descenso de la demanda para la adquisición de viviendas de nueva construcción lo que determina un importante número de viviendas que no tienen salida en el mercado. Según el último informe del Ministerio de Vivienda, el parque de nuevas viviendas libres vacías en Castilla y León se estima en 40.000. De ellas, 30.000 serían susceptibles de convertirse en viviendas protegidas.
Desde el punto de vista social, más de 30.000 familias de nuestra Comunidad podrían acceder a una vivienda y desde el punto de vista económico, esta situación de inmovilización provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan paralizados. Por otra parte, desde el punto de vista del empleo, resulta complicado reactivar un sector como el de la edificación promoviendo obras nuevas en tanto no se movilice el amplio stock de viviendas existentes.
En el marco del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León del pasado 13 de julio, la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos acuerdan establecer los criterios para la conversión del stock de viviendas libres existentes en viviendas protegidas. Se considera esencial para una eficaz puesta en marcha del acuerdo la formalización de un convenio de colaboración entre todos los agentes implicados en el sector de la construcción.
Características de las viviendas
Serán libres de nueva construcción, ubicadas en Castilla y León, que hayan obtenido licencia de primera ocupación y se encuentren pendientes de venta. Podrán ser susceptibles del acuerdo aquellas viviendas que cumplan los requisitos necesarios para ser calificadas como protegidas, y en especial, los relativos a superficie útil máxima, calidades constructivas y precios máximos por metro cuadrado. El oferente limitará el precio máximo de venta o de referencia para el alquiler según los ámbitos municipales fijados para la vivienda protegida.
Las viviendas podrán ser calificadas como viviendas de protección pública o su adquisición podrá ser susceptible de ser declarada como actuación protegida en cualquiera de las tipologías existentes en Castilla y León: Vivienda protegida de régimen general o régimen especial, vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias.
Las viviendas se podrán ofrecer en régimen de compra, alquiler o alquiler con opción de compra. Al menos el 25%25 de las viviendas ofertadas lo serán en régimen de alquiler o alquiler con opción de compra.
Los adquirentes y arrendatarios deberán cumplir una serie de condiciones de acceso a la vivienda: no ser titular de otras viviendas, estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Castilla y León y tener unos ingresos máximos.
A continuación se detallan los ingresos:

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA	INGRESOS FAMILIARES (*IPREM: 7.455,14 €)
RÉGIMEN ESPECIAL	2,5 X IPREM (18.637,85 €)
RÉGIMEN GENERAL (VIVIENDA USADA)	4,5 X IPREM (33.548,13 €)
RÉGIMEN CONCERTADO	7 X IPREM (52.185,98 €)
VIV. JÓVENES Y PARA FAMILIAS	6,5 X IPREM (48.458,41 €)

* IPREM. Indicador Público de Renta de Efectos MúltiplesCompromisos esenciales de las partes

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, se compromete a aportar los recursos económicos necesarios para la consecución del objeto del acuerdo. El Gobierno Regional realizará las gestiones precisas para la venta o alquiler de las viviendas, garantizando de esta forma los derechos de adquirentes y arrendatarios. Asimismo, facilitará e impulsará la línea de avales para hipotecas destinadas a la compra de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias. Por otro lado, será la administración encargada de tramitar y resolver la calificación o declaración siempre que se cumplan los requisitos. Finalmente, tramitará y resolverá las solicitudes de visados de los contratos así como los reconocimientos de las ayudas que pudieran corresponder a adquirentes o a arrendatarios. Además de encargarse de la gestión, la Consejería de Fomento pone a disposición de arrendatarios y adquirentes de las viviendas líneas de ayuda mediante la concesión de subvenciones directas, ayudas financiadas en forma de avales y beneficios fiscales. Cabe destacar la posibilidad de ayudas a la compra de hasta 18.000 euros, ayudas al alquiler de hasta el 40%25 de la renta, con un máximo de 240 euros al mes, avales para garantizar el préstamo destinado al pago de la aportación inicial en concepto de entrada y beneficios fiscales en el tramo autonómico del IRPF, ITP (Impuesto de Transmisión Patrimonial) y AJD (Actos Jurídicos Documentados).
El Ministerio de Vivienda aportará los recursos económicos previstos en el Plan de Vivienda 2009-2012, autorizará la concesión de préstamos hipotecarios y ayudas económicas correspondientes e impulsará y facilitará la línea de avales para hipotecas destinadas a la compra de vivienda en los términos y condiciones ofrecidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) colaborará en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación del convenio. Además, la FRMP trasladará a las entidades locales y a los ciudadanos en general la información necesaria en relación con el acuerdo.
La Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción incluirá las viviendas que actualmente se encuentran en stock y solicitarán la calificación en alguna de las tipologías de vivienda de protección. También remitirán a la Consejería de Fomento la relación de las viviendas que ponen a disposición especificando los siguientes contenidos: ubicación y planos de localización, características y plano de la vivienda, fecha de la licencia de primera ocupación, información registral y catastral de la vivienda, datos identificativos y medio de contacto del promotor, declaración responsable de que sobre las viviendas no se ha formalizado contrato de reserva o compraventa alguno o similar y comunicación de cualquier incidencia.
Las entidades financieras facilitarán a los compradores, dentro de la evaluación de criterios de riesgo establecidos al efecto, la financiación previamente reconocida por la Consejería de Fomento. En el caso de que la entidad financiera aporte viviendas para su calificación o declaración de actuación protegida, asumirá las obligaciones establecidas para los promotores.
Los Notarios y Registradores de la Propiedad deberán velar por la transparencia y legalidad en las operaciones y prestar la asistencia técnico-jurídica ofreciendo la posibilidad de elevar a escritura pública los contratos de forma ágil, segura y económica. Además reducirán en un 40%25 los honorarios devengados por la formalización e inscripción de la transmisión y los relativos a los préstamos hipotecarios correspondientes a la adquisición. Si la vivienda fuera calificada como vivienda de protección pública, se aplicarán los aranceles notariales previstos a tal efecto en la normativa vigente. Además, se remitirá copia de la escritura a la Consejería de Fomento. En las escrituras públicas que se formalicen y en la publicidad registral se hará constar la mención de que la vivienda está incluida en el acuerdo del stock.
Los Gestores Administrativos colaborarán en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación del Convenio. Reducirán en un 40%25 las tarifas de gestión y tramitación de los documentos relativos a primera transmisión o adjudicación y a los préstamos hipotecarios correspondientes.
Para el seguimiento del acuerdo se crea una Comisión con un representante por cada parte firmante hoy así como un representante por cada una de las partes de la Comisión de Vivienda del Diálogo Social (UGT, CCOO, CECALE y Dirección General de Vivienda). La Comisión de Seguimiento tendrá como principal cometido programar actuaciones, toma de decisiones y gestión de actividades, entre otras.