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La Junta impulsa la Economía Social como fórmula para recuperar el crecimiento y el empleo

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La Economía Social cuenta en Castilla y León con más de 4.000 entidades entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, que generan más de 30.000 empleos directos y representan una facturación que supera los 4.000 millones de euros. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido la contratación de las personas con discapacidad, con un aumento del 22,3 % frente al 6,2 % a nivel nacional.

20 de agosto de 2013

Castilla y León |

Las empresas de Economía Social se han consolidado como entidades clave en la economía y el empleo. Es un sector que está presente en todos los ámbitos de actividad económica y en el que las cooperativas y las sociedades laborales conforman el núcleo más destacado del ámbito empresarial, junto a los centros especiales de empleo y las empresas de inserción

La contribución de estas fórmulas de actividad económica y empresarial implica actividad económica y por tanto creación de empleo. Se trata de una apuesta de futuro para el nuevo modelo de economía sostenible y de cohesión social y territorial. Además, las empresas de Economía Social han sabido mantener y crear empleo por encima de los índices generales, gracias a sus características de funcionamiento y flexibilidad para adaptarse a las circunstancias económicas y de mercado y a la priorización de la persona, así como del resto de principios y valores que la caracterizan y, sobre todo, realizar una redistribución de la riqueza y reinversión de los beneficios, haciendo del mantenimiento del empleo el mayor ejercicio de responsabilidad social.

La Economía Social tiene una gran importancia en Castilla y León ya que representa más de 4.000 entidades entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, que generan más de 30.000 empleos directos y representan una facturación que supera los 4.000 millones de euros.

Además, hay que destacar que la Economía Social es una herramienta al servicio de la política de cohesión social, al reducir las diferencias retributivas entre las clases sociales, elevando la capacidad adquisitiva de las economías familiares. También ejerce un papel de liderazgo como elemento clave en la vertebración social a través del desarrollo de la actividad económica en zonas geográficas periféricas y vinculadas generalmente al medio rural.

Más equitativa, mayor resistencia a la crisis

Aunque las empresas de Economía Social están sometidas a las mismas dificultades e incertidumbres que el conjunto de la economía, han venido demostrando su capacidad para resistir las dificultades, teniendo, en estos momentos de crisis, un comportamiento especialmente positivo. La destrucción de empleo durante la crisis ha sido seis puntos inferior en las cooperativas que en el resto de las empresas. Además hay que tener en cuenta que casi el 75 % de los contratos en las Cooperativas y Sociedades Laborales tiene un carácter indefinido lo que está resultando uno de los elementos que ayuda a que el mercado laboral pueda soportar con más dinamismo la difícil situación actual.

La Economía Social crea empleo estable y de calidad, promueve la igualdad de género en el ámbito laboral, da oportunidad a los jóvenes, contribuye de forma muy efectiva al desarrollo local y es un referente de la responsabilidad social.

Ley de Cooperativas

La Junta de Castilla y León ha iniciado los trabajos, en colaboración con este sector, para proceder a la modificación de la ‘Ley de Cooperativas de Castilla y León’ con el fin de adaptarla a la situación económica y social actual y conseguir una reducción de obligaciones y cargas administrativas, que facilite su puesta en marcha así como un marco más apropiado para el desarrollo de su actividad.

La modificación de esta ley, que ha elaborado la Consejería de Economía y Empleo, pretende reforzar el papel de las cooperativas en su ámbito empresarial, sin que sufran menoscabo los derechos de los socios, conjugando de forma equilibrada, la estabilidad y la protección patrimonial de la cooperativa como empresa, con los derechos de las personas que componen la entidad, configurando a las cooperativas de la Comunidad como sociedades modernas y competitivas. En definitiva, se trata de una nueva ley que favorezca la evolución de las cooperativas incorporando nuevas iniciativas que les permitan desarrollarse económica, social y empresarialmente. Castilla y León cuenta con 2.093 cooperativas registradas, que dan empleo a más de 18.000 trabajadores y tienen una facturación de más de 3.300 millones de euros.

Junto a ellas, las sociedades laborales son un instrumento capaz de facilitar a los trabajadores la posibilidad de crear y gestionar sus propias empresas, lo que representa un verdadero modelo de autogestión y autoempleo colectivo. Las 1.787 sociedades laborales actualmente registradas en Castilla y León, están muy ligadas al territorio, al municipio donde desarrollan su actividad, y son conscientes de la importancia de su compromiso con el entorno, con sus socios y con sus trabajadores.

En los momentos de crisis es cuando se debe incidir de forma prioritaria en las empresas como palanca para la recuperación del crecimiento y de la creación de empleo, pues, en definitiva, lo generan fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares, los autónomos y las empresas de Economía Social. Por ello hay que realizar un esfuerzo especial para crear un entorno atractivo y amable para el emprendedor, que facilite cada proyecto de inversión y de creación de empleo.

Estímulo a la creación de empresas

La Consejería de Economía y Empleo impulsa, en un sólido compromiso, políticas que potencian y facilitan la iniciativa empresarial en la búsqueda de una mayor competitividad, con especial dedicación al impulso del espíritu emprendedor, con el fin de alcanzar un crecimiento económico capaz de generar empleo de forma sostenible.

La Junta de Castilla y León ha aprobado recientemente la ‘Ley de Estímulo a la Creación de Empresas’ con el fin de impulsar el desarrollo de políticas de creación de empresas que permitan un amplio reconocimiento social a la figura del emprendedor y un marco propicio al desarrollo de su actividad. La ley no solo establece como destinatarios a los emprendedores en general y a los autónomos, sino además en particular a las empresas de Economía Social, promoviendo la creación de nuevas empresas, especialmente por jóvenes que se encuentran en el ámbito universitario y de formación profesional. También impulsa el valor de la figura del empresario, factor imprescindible en la generación de la riqueza y bienestar del territorio y de su actividad, basada en la ética y la responsabilidad social. La ley incide en la racionalización administrativa y en la reducción del coste de tramitación para las empresas, derivado de las obligaciones impuestas por las administraciones públicas. Es decir, pasa de la fiscalización previa a la confianza en la responsabilidad de los empresarios.

Además, a través del futuro ‘Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor’, pretende facilitar la coordinación de todos los servicios que prestan asesoramiento, información y apoyo en la tramitación para la creación e instalación de empresas en la Comunidad, ofreciendo un tratamiento específico a autónomos y empresas de Economía Social. El ‘Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor’ también promoverá la puesta en marcha de medidas de apoyo desde el desarrollo inicial de la idea, hasta la financiación de los nuevos proyectos, pasando por el apoyo a la innovación, a la producción y a su posterior comercialización, impulsando un ‘Programa de apoyo a la Creación de Empresas’, antes de que finalice este año.

‘Estrategia Integrada de Empleo’

En paralelo a estos proyectos, la Junta impulsa las actuaciones contempladas en la ‘Estrategia Integrada de Empleo’, en la que se considera la Economía Social como pilar fundamental en el nuevo modelo productivo, y que incluye medidas de apoyo a la inversión y financiación para proyectos generadores de empleo. También hay que destacar las líneas de financiación empresarial cuyo principal objetivo será facilitar liquidez y capital circulante, así como apoyar las principales líneas de competitividad de la empresa en inversiones, I+D+i e internacionalización.

A esto se suman además las medidas que en el ámbito de la Economía Social se contemplan en la ‘Estrategia Integrada de Empleo’ como el fomento de la incorporación de socios en cooperativas y sociedades laborales, y las actuaciones tendentes a la integración laboral de las personas con discapacidad, así como de las personas en situación de exclusión social.

De la misma forma, el ‘Plan de Estímulo para el Crecimiento y el Empleo’ también contempla medidas de carácter coyuntural, que permitan la generación de puestos de trabajo, como las de carácter más estructural, unidas a la generación de actividad económica y cambio de modelo productivos. El conjunto de este último plan destina 125 millones de euros y pretende dar respuesta al problema de desempleo juvenil.

ADE Rural

Por su parte, el proyecto ADE Rural pretende promover la creación de nuevas empresas en el medio rural y prestar apoyo a las ya existentes, así como mejorar la competitividad, con una especial atención a los emprendedores del sector agrario, agroalimentario.

Las empresas de Economía Social tendrán una atención preferente y se constituirán en verdaderas protagonistas del proyecto ADE Rural, en su condición de empresas generadoras de empleo estable y de calidad en el entorno rural.

Integración de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión

La Consejería de Economía y Empleo tiene un serio compromiso con el empleo de las personas con discapacidad, lo que ha permitido la inserción laboral de personas con discapacidad a través de los 190 ‘Centros Especiales de Empleo’ (CEE) actualmente registrados y las empresas del mercado ordinario de trabajo.

Se trata de un compromiso reiterado con el extraordinario esfuerzo presupuestario realizado en 2012, para conseguir la financiación de los Costes Salariales (50 % del SMI) de las personas con discapacidad en los ‘Centros Especiales de Empleo’, y al que en 2013, gracias a la incorporación de dichas políticas en el ‘Plan de Estímulo para el Crecimiento y el Empleo’, se ha añadido una partida de 1,5 millones de euros a la dotación inicial, lo que permite garantizar la financiación de los Costes Salariales de todo el año.

Castilla y León es la tercera región española en la que más ha crecido la contratación de las personas con discapacidad, tanto en el mercado ordinario como en los CEE, con un aumento del 22,3 % en el primer cuatrimestre de 2013, frente al 6,2 % a nivel nacional.

En este sentido, hay que destacar el acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se aprobaron las directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que desde su puesta en marcha hace un año ha incorporado cláusulas sociales a más de 400 contratos públicos. La sociedad debe entender la finalidad de la integración social de las personas con discapacidad a través de su inclusión laboral efectiva como un objetivo prioritario.

Nuevo modelo de ‘Centros Especiales de Empleo’

La Junta quiere impulsar los elementos clave que se deben reorientar en un nuevo modelo de CEE, así como las actuaciones que se tendrían que llevar a cabo para conseguir facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad y su integración laboral. La Consejería de Economía y Empleo quiere posicionar a los CEE como empresas viables, sostenibles y socialmente comprometidas, así como desarrollar un nuevo modelo de empleo que ponga en valor tanto los aspectos relacionados con los sectores más desfavorecidos como con sectores estratégicos de actividad, niveles de competitividad y de rentabilidad.

Este nuevo modelo en los ‘Centros Especiales de Empleo’ deberá facilitar la consolidación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, así como un modelo sostenible de apoyos públicos y privados al sector, que permita incorporar criterios de valoración que faciliten una discriminación positiva para los más necesitados.

En definitiva, la Economía Social debe ser un cauce de participación efectiva y de una mayor integración de las personas más desfavorecidas en el mercado de trabajo. Hay que insistir en el deseo de alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, especialmente en este sector en el que prima el carácter democrático, e impulsar la integración de las personas en riesgo de exclusión en la vida socioeconómica. Por ello, también desde la Junta de Castilla y León, se considera la labor de fomento de las empresas de inserción -actualmente en Castilla y León hay registradas 11 Empresas de Inserción a las que se subvenciona el 50 % del salario mínimo interprofesional, por un importe anual total de 240.000 euros- como una conjugación de políticas sociales y de generación de empleo, bajo la óptica de que la generación de puestos de trabajo estables y de calidad para la persona, es la mejor forma de realizar una política de integración social de aquellos colectivos con menos posibilidades estructurales.

*Se adjuntan documentos con información sobre las cooperativas (por clase y sección), las sociedades laborales, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción